Ysrael Jacob Cordova, de 41 años — «Trips» y «Tripper»—, y Ricardo Valenzuela, de 44 años —«Solo»—, de Buena Park, fueron declarados culpables, cada uno, de un cargo de asesinato en apoyo de actividades de crimen organizado (asesinato VICAR).
Arriba, de izquierda a derecha: Robert Martínez, Ricardo Valenzuela, Omar Mejía y Johnny Martínez. Abajo, de izquierda a derecha: Gregory Muñoz, Frank Mosqueda, Augustine Velásquez e Ysrael Córdova. (Foto: Orange County District Attorney)
Ysrael Jacob Córdova, de 41 años, y Ricardo Valenzuela, de 44, fueron hallados culpables de asesinato en el contexto de actividades de crimen organizado (delito conocido como “murder in aid of racketeering” o asesinato en apoyo de actividades de extorsión organizada) por la muerte de Robert Ríos, de 35 años, ocurrida el 19 de enero de 2017.
Ambos miembros de la mafia mexicana, o “La Eme”, serán sentenciados el próximo 22 de octubre. Córdova y Valenzuela enfrentarán penas obligatorias de cadena perpetua. Ambos permanecen bajo custodia federal desde la primavera de 2022.
Los criminales participaron en el robo a la vivienda de Robert Ríos, un traficante de drogas de la ciudad de Placentia, en el condado de Orange, a quien mataron con ocho balazos.
Inicialmente, la fiscalía del Condado de Orange presentó cargos contra los acusados, pero el proceso solo derivó en la condena del coacusado Augustine Velásquez antes de que los fiscales federales asumieran el caso y presentaran cargos por crimen organizado contra la facción de la mafia mexicana.
Durante su alegato inicial, la fiscal federal adjunta, Caitlin Campbell, dijo al jurado: “En este juicio verán en video los últimos momentos de la vida de un hombre. Y estos son los hombres que lo hicieron: el hombre que apretó el gatillo y el hombre que lo ayudó”.
La preparación del asesinato de Ríos comenzó cuando Charles Frederick Coghill llevó en automóvil a Cordova, Valenzuela y Velásquez hasta el vecindario de Ríos siguiendo las órdenes de Gregory Muñoz.
Actos insensatos de violencia
“No se puede tolerar que miembros de pandillas dirijan delitos desde la cárcel”, declaró el fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la División Penal del Departamento de Justicia.
“En este caso se presentaron cargos tanto contra los autores de los disparos como contra el responsable que ordenó el robo. Actos de violencia como estos no tienen cabida en nuestras comunidades y la División Penal seguirá trabajando para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”.
Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto del Distrito Central de California.
“Jamás toleraremos actos insensatos de violencia de pandillas en las calles, especialmente aquellos ordenados por delincuentes convictos desde prisión”, afirmó Bill Essayli, primer fiscal federal adjunto del Distrito Central de California. “Perseguiremos con firmeza la violencia de las pandillas para mantener segura a nuestra comunidad y hacer justicia a las víctimas”.
“Estas condenas contribuyen a garantizar que quienes causan daño en actividades relacionadas con pandillas rindan cuentas ante la justicia”, señaló John R. Dozier Jr., subdirector interino de la División de Investigación Criminal del FBI. “El FBI —como se ha demostrado hoy mediante nuestra labor en el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional— mantiene su compromiso de perseguir y neutralizar a los individuos que llevan la violencia a nuestras comunidades.”
Johnny Martínez era el jefe de “La Eme”
Según las investigaciones del caso, Gregory Muñoz actuaba presuntamente como coordinador de operaciones para Johnny Martínez —alias “crow” y señalado como el jefe de la mafia mexicana en el condado de Orange— mientras este último cumplía condena en la prisión estatal de Calipatria, informaron los fiscales.
Coghill aceptó un acuerdo con la fiscalía para testificar en el juicio, tal como lo había hecho anteriormente ante un tribunal estatal en el proceso contra Velásquez.
Otro presunto cabecilla, Omar Mejía —quien fuera compañero de celda de Muñoz—, también testificó, tal como lo había hecho en otro juicio por asesinato relacionado con el caso.
Inicialmente, Córdova, Valenzuela y Velásquez acudieron a una vivienda equivocada en la misma cuadra, pero fueron dirigidos a la casa de Ríos, según señalaron los abogados defensores.
Ríos contaba con un sofisticado sistema de vigilancia para alertarlo de la presencia de las fuerzas del orden; por ello, salió y saludó a los tres hombres, según afirmaron los fiscales durante el juicio contra Augustine Velásquez. “Tras un breve forcejeo, lo mataron a tiros”, declaró Campbell.
“No había pagado impuestos”
Muñoz había ordenado a los hombres que robaran a Ríos porque este no había pagado los “impuestos” sobre sus ganancias por la venta de drogas a la mafia mexicana, una organización criminal que agrupa entre 150 y 200 miembros de pandillas de “élite” que, desde prisión, supervisan a las pandillas callejeras locales, explicó Campbell.
Muñoz había introducido de contrabando un teléfono celular que utilizaba para comunicarse con Coghill, quien trabajaba para él, señaló Campbell. La tarea de Coghill consistía en conseguir armas y reclutar hombres para el ataque, indicó Campbell.
“Robert Ríos no era ningún santo”, afirmó Campbell. “Era un traficante de drogas que vendía estupefacientes desde su domicilio en Placentia”.
La fiscalía alega que Johnny Martínez, quien en ese momento se encontraba recluido en la prisión estatal de Salinas Valley, debía recibir una parte de las ganancias de Ríos.
Dado que Ríos no pagaba sus “impuestos” a Martínez, la misión de Muñoz era castigarlo, explicó Campbell.
Johnny Martínez ordenó que Gregory Muñoz robara a Ríos para enviar un mensaje a las pandillas sobre la necesidad de acatar las normas y pagar lo que debían, añadió Campbell.
Como los hombres llevaban máscaras y guantes, la fiscalía basó su caso en pruebas provenientes de videos de vigilancia, comunicaciones y registros de ubicación telefónica, análisis balísticos de la bala que acabó con la vida de Ríos y testimonios de informantes, señaló Campbell.
Los investigadores nunca recuperaron el arma homicida, agregó.
Gregory Muñoz y Johnny Martínez “hablaban constantemente” a través de teléfonos de contrabando dentro de la prisión, dijo Campbell.
A la espera de un nuevo juicio
La condena de Augustine Velásquez en el tribunal estatal fue anulada en apelación el pasado mes de noviembre por una violación de sus derechos Miranda, por lo que está a la espera de un nuevo juicio en dicho tribunal.
Más tarde, Muñoz y Martínez rompieron su relación y Muñoz sufrió tres ataques: dos mientras estaba en prisión y otro más en Placentia, tras haber salido en libertad, según informaron los fiscales.
Muñoz, “al igual que Ríos, infringió las normas de la Mafia Mexicana”, afirmó Campbell.
Omar Mejía ordenó los ataques contra quien fuera compañero de celda, Gregory Muñoz, aunque no a causa del conflicto malogrado con Ríos, aclaró Campbell.
“Esta noche vamos a dar el gran golpe”
El abogado de Ysrael Jacob Córdova, William Harris, declaró ante el jurado: “Este caso trata sobre un intento de robo que salió mal y que resultó en la muerte de un traficante de drogas”.
Harris sostuvo que Gregory Muñoz fue atacado por la mafia mexicana porque el atentado contra Ríos no había sido autorizado.
Los hombres implicados en el ataque a Ríos acudieron inicialmente al número 929 de Vista Avenue la noche del ataque, indicó Harris.
Allí, una mujer les indicó la casa de Ríos, situada en el número 941 de la misma calle, añadió el abogado.
“Muñoz le envió un mensaje de texto a Coghill: “Esta noche vamos a dar el gran golpe… Y todos cobraremos”, dijo Harris.
Ríos, quien presuntamente estaba bajo los efectos de la metanfetamina, se defendió y recibió un disparo “accidental”, señaló Harris. Velásquez también recibió un balazo en la pierna, añadió.
“Nada de esto debía haber ocurrido. No formaba parte del plan”, dijo Harris.
Gregory Muñoz sufrió “represalias” por el atentado fallido y, más tarde, fue “destituido de su puesto de mando”, señaló Harris.
En el tercer ataque contra él, Gregory Muñoz recibió ocho disparos, pero sobrevivió, indicó Harris.
Omar Mejía, rival de Muñoz, enfrentaba una pena de entre 25 años y cadena perpetua en una prisión estatal por intento de homicidio y terrorismo callejero cuando llegó a un acuerdo con los fiscales federales. Mejía también se encuentra en el país de forma ilegal y busca ayuda para resolver sus “problemas migratorios”, dijo Harris.
Muñoz ordenó el asesinato de Ríos para enriquecerse personalmente, alegó Harris.
“Era un asunto de Gregory Muñoz, no de la Mafia Mexicana, y esa distinción marca toda la diferencia”, afirmó Harris.
El abogado de Valenzuela, Mark Chambers, declaró que la muerte de Ríos fue “un trabajo por cuenta propia orquestado por Mejía y Muñoz”.
“Cuando la organización se enteró de que se trataba de un trabajo por cuenta propia, intentó matar a Muñoz en repetidas ocasiones”, dijo Chambers.
Ríos, quien traficaba con metanfetamina y heroína, tenía una “dosis potencialmente letal de metanfetamina” en su organismo antes del violento enfrentamiento con los acusados”, señaló Chambers.
Valenzuela podría ser culpable “de ciertas cosas”, pero no de asesinato, sostuvo Chambers.
Ya han asegurado 15 condenas federales
Los fiscales federales han logrado 15 condenas en esta investigación penal dirigida contra la mafia mexicana del Condado de Orange (O.C.). De los ocho acusados restantes, uno tiene programado su juicio para julio de 2027 por cargos relacionados con la ley VICAR y armas de fuego, y otros siete tienen juicios programados para agosto de 2027 por cargos que incluyen conspiración para cometer actividades de crimen organizado (racketeering), violaciones a la ley VICAR, narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego.
El FBI, los departamentos de policía de Santa Ana, Anaheim, Fullerton y Placentia, la Fiscalía del Condado de Orange y el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California investigaron este caso.
Este caso forma parte de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés) establecida por la Orden Ejecutiva 14159, “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”. El HSTF es una alianza gubernamental integral dedicada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y trata de personas que operan dentro de los Estados Unidos y en el extranjero. Mediante una colaboración interinstitucional histórica, el HSTF concentra todo el peso de las fuerzas del orden de los Estados Unidos para identificar, investigar y procesar la gama completa de delitos cometidos por estas organizaciones, que han alimentado durante mucho tiempo la violencia y la inestabilidad dentro de nuestras fronteras.
El caso está a cargo del abogado litigante Dennis Robinson, de la Sección de Delitos Violentos y Crimen Organizado (VCRS) del Departamento de Justicia —con la importante colaboración de la abogada litigante de la VCRS, Grace Bowen— y de los fiscales federales adjuntos Greg Scally y Caitlin J. Campbell, del Distrito Central de California.