La idea subyacente es revocar el caso Dred Scott; va más allá del tema migratorio o de que las personas no deberían sentirse excluidas en los Estados Unidos
En su primerísimo día en el cargo, el 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que deniega la ciudadanía estadounidense a los bebés nacidos de padres indocumentados y de residentes legales pero temporales —tales como estudiantes, diversas categorías de trabajadores extranjeros y turistas—.
La Corte Suprema escuchó los argumentos orales el 1 de abril, impugnando dicha prohibición, y se espera que emita un fallo en junio.
En su justificación de la prohibición se han omitido las consecuencias económicas a largo plazo —que podrían ascender a billones de dólares— derivadas de la reducción de la fuerza laboral nacida en Estados Unidos, así como el impacto generacional en la reserva de trabajadores que el país necesitará desesperadamente, incluidos médicos, enfermeros y cuidadores para la población estadounidense, que envejece con rapidez.
También se han ignorado las ramificaciones de crear una subclase permanente de niños nacidos en Estados Unidos, pero sin estatus legal; niños que, en esencia, carecerían de nacionalidad.
Actualmente, siete estados están considerando aprobar legislación que prohibiría a los niños no autorizados asistir a las escuelas públicas. Entre ellos están Tennessee, Oklahoma, Indiana, Georgia y Texas.
Dicha legislación en esos estados desafía un fallo emitido en el caso Plyler v. Doe en 1982 que garantiza una educación pública gratuita a todos los niños, independientemente de su estatus migratorio.
Si se está debatiendo sobre política de inmigración o qué tipo de país se supone que deben ser los Estados Unidos, el doctor Hiroshi Motomura, profesor de leyes en la Facultad de Derecho de la UCLA dijo que, se trata de una visión nacional y de un componente clave de la historia estadounidense.
“Antes de la Enmienda 14 –que instituyó el derecho de ciudadanía–, los Estados Unidos ya habían establecido que ciertas personas, especialmente los afroamericanos, nunca podrían tener derecho de ciudadanía”, declara el erudito.
La cláusula establece: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado en el que residen.”
¿LA ENMIENDA 14 BUSCABA CORREGIR ESA EXCLUSIÓN Y REDEFINIR QUIÉNES CUENTAN COMO ESTADOUNIDENSES?
Según el doctor Motomura, hay dos formas de interpretar la Enmienda 14: una de ellas se centra específicamente en la situación de los afroamericanos estadounidenses.
De hecho, existe un caso emblemático de la Corte Suprema —el caso Dred Scott v. Sandford de 1857— que dictaminó, en esencia, que las personas afrodescendientes, tanto las esclavizadas como las libres, cuyos antepasados habían sido importados a Estados Unidos y vendidos, no podían ser ciudadanos estadounidenses y carecían de legitimación activa para demandar ante los tribunales federales.
Este fallo declaró a las personas negras como una “clase separada” de individuos sin derechos constitucionales, protegiendo así la institución de la esclavitud.
“La Decimocuarta Enmienda tenía por objeto anular o borrar la mancha del caso “Dred Scott” de la historia estadounidense”, indicó el doctor Motomura, también codirector académico del Centro de Derecho y Política de Inmigración de UCLA.
Lo anterior constituye una gran parte de lo que trató la Guerra Civil estadounidense: poner fin a la esclavitud, frente a la postura de los estados del sur de Estados Unidos de perpetuarla.
El otro aspecto que la Decimocuarta Enmienda logra es consagra una visión muy amplia de los Estados Unidos que trasciende lo meramente básico.
Así, el intento de Trump y de su administración es “sencillamente”, revocar el caso “Dred Scott”.
“Se trata de un acontecimiento verdaderamente monumental. Pero aún más monumental que la revocación de “Dred Scott” fue la idea de que la Decimocuarta Enmienda encarna una visión inclusiva de los Estados Unidos; encarna el rechazo a una ciudadanía hereditaria —o transmitida por los padres—, diseñada, en realidad, para ser el modelo idóneo para lo que terminó convirtiéndose en una nación de inmigrantes: un lugar donde las personas llegan, son incluidas y adquieren un interés legítimo en el devenir de la sociedad, proyectándose hacia el futuro a través de sus hijos y nietos”, dijo.
En Europa, es requisito que los padres sean ciudadanos para que uno pueda serlo también, aun habiendo nacido en ese territorio.
En cambio, en los Estados Unidos —gracias a la Decimocuarta Enmienda—, el simple hecho de nacer aquí te convierte en estadounidense, sin exámenes ni condiciones de ningún tipo.
¿POR QUÉ REPRESENTÓ UN CAMBIO TAN TRASCENDENTAL PARA LOS ESTADOS UNIDOS?
—En primer lugar, es importante señalar que, efectivamente, los Estados Unidos adoptan esta modalidad de ciudadanía por derecho de nacimiento, que constituye un pilar fundamental de su carácter distintivo nacional.
Sin embargo, no es el único país que lo hace. Muchos países que se conciben —o se han concebido históricamente— como “naciones de inmigrantes” —es decir, países cuyo poblamiento se debió, en gran medida, a la llegada de inmigrantes— aplican este principio.
Un ejemplo es Canadá, o muchos otros países del hemisferio occidental que comparten esta visión.
Doctor Hiroshi Motomura, codirector académico del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la UCLA.
Cierto es que en otras partes del mundo hay muchos países en los que la ciudadanía tiene un carácter más hereditario, es decir, se transmite a través de los padres.
No obstante, la práctica adoptada por los Estados Unidos es, en realidad, bastante habitual —tanto históricamente como actualmente— en aquellos países que se han definido a sí mismos, cada vez con mayor énfasis, como naciones de inmigrantes.
ENTONCES, ¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?
“A mi juicio, uno de los efectos de esta postura es que introduce una perspectiva sobre la ciudadanía sumamente orientada hacia el porvenir, una visión que mira hacia el futuro y se proyecta hacia é”, enfatiza el doctor Motomura.
Se afirma que la función de la ciudadanía no es un reconocimiento “a posteriori” de la propia filiación; más bien, la ciudadanía es un vehículo de pertenencia y, por ende, muchas de las personas que llegan a los Estados Unidos no deberían sentirse excluidas; y esta es, precisamente, la idea subyacente a la Decimocuarta Enmienda.
“No deberían sentirse excluidas por el hecho de no tener los padres “adecuados” o los abuelos “adecuados”; toda persona posee un fundamento jurídico para pertenecer a la sociedad, para participar en ella y, de hecho, para contribuir de manera significativa a la misma”, sostiene el catedrático de UCLA.
Sin embargo, advierte que, la ciudadanía no basta por sí sola para garantizar la pertenencia; tampoco es suficiente para asegurar la igualdad.
El Movimiento por los Derechos Civiles de la década de 1960 giró, en gran medida, en torno a esta cuestión; no obstante, la ciudadanía constituye un requisito previo indispensable.
Su importancia es absoluta, pues forma parte de la sensación de pertenencia al proyecto nacional.
“Considero que uno de los aspectos que están en juego en esta orden ejecutiva presidencial es, precisamente, el abandono —el apartarse— de esa visión para retornar a la noción de que este país no es —o, en realidad, no está destinado a ser— para todos, sino únicamente para unos pocos”, subraya Motomura.
El número de personas que podrían perder su ciudadanía como consecuencia de esta orden ejecutiva se cuenta por millones. Literalmente. Si bien no dispongo de una estimación exacta, estamos hablando de un volumen ingente de personas —y podría explicar el porqué, si así lo desean—; se trata, en esencia, de una cifra colosal.
Por consiguiente, reviste una importancia tanto histórica como numérica. Y, en términos más amplios, creo que supone una transformación radical de la visión de los Estados Unidos. En este sentido, considero que el caso que actualmente se dirime ante la Corte Suprema de los Estados Unidos es uno de los más trascendentales e importantes que dicho tribunal ha examinado en la historia moderna.
Muy bien; entonces, de materializarse este escenario, ¿qué ocurriría? ¿Qué sucede en el seno de una sociedad cuando a grandes grupos de personas —nacidas y criadas en el propio país— se les comunica que no pertenecen plenamente a ella? ¿Podría usted anticipar o proyectar qué consecuencias podría acarrear tal situación?
Pues bien, puedo responder a esa pregunta desde dos perspectivas distintas. La primera se sitúa en un plano eminentemente práctico: si se impusiera el criterio de que uno no es ciudadano a menos que cuente con, al menos, un progenitor que ostente la ciudadanía o la residencia permanente legal.
Por lo tanto, privaría de la ciudadanía a ciertas personas —sin duda, a aquellas que se encuentran indocumentadas y tienen hijos—; personas que, actualmente, son ciudadanos.
También despojaría de la ciudadanía a aquellos cuyos padres, tal vez, se encontraban estudiando durante varios años en los Estados Unidos; y, con frecuencia, también se la arrebataría a personas que se hallan en el país bajo algún tipo de estatus laboral.
En la práctica, reduce drásticamente el número de personas que han adquirido la ciudadanía y han residido por décadas en Estados Unidos.
No obstante, uno de los puntos que establece la orden ejecutiva en la sección dos es que esta solo tendrá aplicación en el futuro.
Una de las cuestiones que uno de los magistrados planteó, es que no existe nada que exija que la orden ejecutiva se aplique únicamente al futuro.
“Si la Corte Suprema llegara a redefinir la ciudadanía y la 14.ª Enmienda, sería, en realidad, algo que tendría efectos retroactivos, pues una vez que se interpreta la Constitución, ese es el significado que esta adquiere”, observa el doctor Motomura.
En el año fiscal 2022 se registraron 969,400 nuevos ciudadanos, una de las cifras más altas en la historia de Estados Unidos. En el año fiscal 2024, esta tendencia continuó con 818.500 naturalizaciones, superando los niveles previos a la pandemia.
No obstante, en 2025 se registró un fuerte descenso.
A pesar de las altas cifras registradas a principios de año, 2025 se caracterizó por la volatilidad. Y, en enero de 2026, las aprobaciones mensuales cayeron a 32.862 desde el pico de más de 88.000 alcanzado en 2025, lo que indica un posible descenso en las tendencias de ciudadanía.
La negativa de ciudadanía afectaría a millones de personas que, según el doctor Motomura, serían miembros de segunda clase en la sociedad.
“Creo que ese es un cambio muy profundo; es una perspectiva sumamente trascendente sobre lo que esto significa para el futuro de Estados Unidos”, apunta.
“Muchas de las personas con las que he conversado me han dicho: “Oh, no te preocupes, eso no va a suceder. La Corte Suprema no va a modificar la Constitución de esta manera. No van a prohibir esto; no van a permitir que esta orden ejecutiva prospere”.
QUIÉN PERTENECE A ESTE PAÍS Y QUIÉN NO
Pero, incluso si no lo hicieran, ¿qué efecto está teniendo esta discusión en nuestra sociedad?
“Sitúa la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento en una perspectiva más amplia en el contexto político actual. Me parece evidente que la agenda migratoria general de la administración Trump no se limita a ser una simple agenda de inmigración; es, en realidad, una agenda que define quién pertenece a este país y quién no”.
Por consiguiente, desde su punto de vista, se observa una interconexión entre diversos elementos: el uso de perfiles raciales, étnicos y lingüísticos para realizar detenciones en el territorio estadounidense —no solo en la frontera, sino también desde el interior del país—.
Otro aspecto es la militarización de la aplicación de las leyes de inmigración mediante el despliegue de la Guardia Nacional y el *modus operandi* del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), caracterizado por un patrón de detenciones, tiroteos —o, más bien, muertes—, el uso de equipamiento militar y prácticas similares.
Pero el tercer componente de este asunto radica en reflexionar sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento —o el intento de redefinirla— como parte de un programa destinado a devolver a Estados Unidos a lo que consideró que era una visión del país que, tal vez, existió en la década de 1890.
Así, el mensaje que transmite esta orden ejecutiva es sumamente profundo.
El doctor Motomura opina que la Corte Suprema anulará dicha orden ejecutiva —y lo dice como alguien a quien no le gusta hacer predicciones.
“Creo que el verdadero propósito de la orden ejecutiva —y de su profundo impacto— es enviar un mensaje sobre quién pertenece a Estados Unidos y quién no. Y esto es, lamentablemente, un aspecto fundamental de la orden ejecutiva que perdurará, independientemente de lo que decida la Corte Suprema”, concluye.