La nueva política niega beneficios migratorios a familias de bajos recursos y personas de color; dañaría a millones de niños ciudadanos, hijos de inmigrantes, si se implementa el 18 de octubre.
A partir del 18 de septiembre, la administración Trump comenzará a implementar su nueva norma sobre la “carga pública”, una compleja política que niega beneficios migratorios a quienes son considerados una “carga pública” y que ha generado temor en las comunidades.
Durante una sesión informativa de American Community Media (ACoM), Adriana Cadena, directora ejecutiva de la Coalición “Protecting Immigrant Families” (Protegiendo a las Familias Inmigrantes/PIF), explicó que la norma revoca el reglamento de 2022 y podría permitir a los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tomar en cuenta beneficios sujetos a pruebas de recursos económicos, tales como Medicaid/Medi-Cal, SNAP/CalFresh, WIC, asistencia para la vivienda, CHIP y Head Start.
Hasta ahora, miles de personas y sus hijos han renunciado a beneficios federales para los que califican, por miedo a que esto afecte su futuro estatus migratorio.
La norma de “carga pública” ha formado parte de la legislación migratoria de los Estados Unidos desde la Ley de Inmigración de 1882.
Esta norma sirve para determinar si un solicitante de residencia permanente legal —o tarjeta de residencia (“green card”)— dependerá principalmente del gobierno en el futuro.
“Aunque ha sido parte del proceso migratorio, [la norma de carga pública] ha funcionado como una herramienta discriminatoria diseñada para rechazar a inmigrantes de bajos ingresos y a personas de color; precisamente a aquellas personas que dinamizan nuestras economías y enriquecen nuestras comunidades”, dijo Adriana Carmona.
Durante más de un siglo, no hubo directrices claras para aplicar esta norma. Luego, en 1996, como parte de la reforma de los programas de asistencia social, el Servicio de Inmigración y Naturalización —bajo la administración del presidente Bill Clinton— estableció criterios formales que limitaban las evaluaciones de carga pública a solo dos tipos de beneficios: la asistencia en efectivo para el sustento (como TANF y SSI) y la atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno.
Sin embargo, durante la administración de Donald Trump, la norma de carga pública se convirtió de inmediato en un objetivo de cambios que se apartaron radicalmente del enfoque anterior.
En 2019, la regla se amplió para penalizar el uso de otros programas esenciales de la red de seguridad social, tales como el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la asistencia de vivienda de la Sección 8 y Medicaid.
“Esta ampliación afectó a programas fundamentales de la red de seguridad de los que dependen muchas personas en California y en todo el país; de hecho, más de una cuarta parte de los estadounidenses menores de 65 años y el 38 % de los californianos dependen de Medicaid para su cobertura de salud”, precisó Carmona, para quien el acceso a estos programas es fundamental para la supervivencia básica en el sistema económico actual.
“No se trata de una relación de dependencia”, aclaró.
A nivel nacional, el 92% de las personas menores de 65 años inscritas en Medicaid trabajan o enfrentan barreras que les impiden hacerlo, como discapacidades. En California, el 62% de los beneficiarios de Medicaid trabajan activamente.
Debido al impacto, y tras una oposición pública sin precedentes y litigios rigurosos, los tribunales federales anularon la norma de “carga pública” de 2019 en 2021.
Posteriormente, en 2022, la administración del expresidente Joe Biden restableció la directriz más limitada de 1996 y la formalizó mediante una normativa federal, restringiendo nuevamente las evaluaciones de carga pública únicamente a la asistencia en efectivo y a los cuidados de larga duración.
Sin embargo, un aspecto crucial de la normativa de 2022 —que sigue vigente hasta el 18 de septiembre— es que estableció dos protecciones esenciales para las familias.
En primer lugar, prohibió explícitamente al DHS penalizar a un solicitante basándose en los beneficios utilizados por sus hijos o familiares; es decir, el uso de beneficios por parte de hijos o familiares no se tomaría en cuenta en la evaluación de la carga pública.
En segundo lugar, garantizó que programas vitales —como los de nutrición suplementaria (como SNAP), vivienda y atención médica— no perjudicarían a los solicitantes.
“No obstante, la segunda administración Trump ha vuelto a utilizar la norma de carga pública como arma para desestabilizar a las familias inmigrantes y empujarlas, junto con sus hijos nacidos en Estados Unidos, a situaciones de privación”, consideró la directora ejecutiva de Protecting Immigrant Families.
¿Qué hace la nueva norma de Trump?
Primero, deroga la normativa de carga pública de 2022, incluidas las protecciones de sentido común para millones de familias y abre la puerta a que el proceso de obtención de la tarjeta de residencia (green card) se base en políticas partidistas e incluso en prejuicios personales de los funcionarios del DHS.
En esencia, los funcionarios del DHS ahora pueden tomar en cuenta cualquier programa de la red de seguridad social —incluidos programas vitales como Medicaid y WIC—, de modo que, bajo la nueva política, prácticamente no existen programas “seguros”, a excepción de los beneficios de jubilación del Seguro Social y otros beneficios universales obtenidos por derecho propio.
De esa forma, los agentes del DHS pueden examinar a cualquier miembro de la familia y evaluar qué tipo de beneficios ha obtenido.
Por lo tanto, el hecho de que los hijos —que son ciudadanos estadounidenses— utilicen beneficios como el Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP) y Head Start puede considerarse ahora un indicio de que el solicitante de la tarjeta de residencia (green card) tiene ingresos bajos.
“Esto, a su vez, activaría una determinación de “carga pública” y alentaría al DHS a actuar en consecuencia”, expresó la experta. “Las directrices del DHS básicamente instan a los funcionarios a rechazar las solicitudes de residencia, incluso basándose en discapacidades u otras condiciones de salud”.
Una norma “más peligrosa”
A juicio de Adriana Carmona, la verdadera amenaza es el efecto disuasorio que impide a las familias inmigrantes acceder a todo tipo de beneficios.
“Esta nueva política de carga pública pretende obligar a las familias a elegir entre solicitar la residencia —ya sea ahora o en el futuro— y cubrir necesidades básicas como la alimentación, la vivienda y la atención médica”, explicó.
“Sabemos que las consecuencias son graves porque ya hemos visto esto antes: la política de carga pública de 2019 disuadió a cerca de la mitad de las familias inmigrantes de obtener la atención médica que necesitaban, debido a los temores relacionados con la inmigración durante la pandemia”, agregó.
Durante la pandemia, muchos grupos trabajaron arduamente para mitigar esos temores y preocupaciones.
Sin embargo, la nueva normativa de Trump “resulta mucho más peligrosa en el momento actual”.
“Ocurre en un contexto en el que la administración lleva a cabo incursiones armadas contra comunidades inmigrantes, viola la ley al deportar a ciudadanos estadounidenses, comparte información privada y personal con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) y realiza operativos en lugares que antes se consideraban seguros, como guarderías y hospitales”, enfatizó Adriana Cadena.
“Por ello, prevemos que el efecto disuasorio será mucho más profundo. También sabemos que esta nueva política de Trump es totalmente contraria a nuestros valores como nación y a la voluntad del pueblo estadounidense”, dijo. “Estas decisiones sobre la carga pública son importantes; las familias deberían decidir permanecer unidas, y el gobierno de Estados Unidos no debería tomar decisiones tan trascendentales basándose en criterios secretos, en políticas partidistas o agendas políticas, ni en prejuicios relacionados con la salud, la discapacidad o la raza”.
Asimismo, la política de “carga pública” contradice la opinión pública, ya que el 83 % de los estadounidenses está a favor de que los inmigrantes con estatus legal tengan acceso a las redes de seguridad social.
¿Qué se puede hacer?
Una opción es instar a los representantes electos a que tomen medidas.
De hecho, más de 127 miembros del Congreso —incluidos 15 integrantes de la delegación de California y los dos senadores de ese estado [Alex Padilla y Adam Schiff], junto con 15 senadores estadounidenses en total— ya han copatrocinado una iniciativa legislativa para bloquear la implementación de la normativa.
“Por lo tanto, el proyecto de ley debe ser una prioridad para los líderes electos —especialmente para la dirección demócrata— al abordar las negociaciones presupuestarias de fin de año”, indicó Adriana Cadena,
“En segundo lugar, los líderes estatales también tienen un papel importante que desempeñar. En 2019, una coalición de más de 20 fiscales generales presentó una demanda para bloquear aquella primera política de Trump sobre la “carga pública”.
Por ello, la directora ejecutiva del PIF espera y confía en que dichos líderes vuelvan a tomar medidas.
“Las familias inmigrantes son fundamentales para la fortaleza y el carácter de nuestra nación y de nuestras comunidades”, concluyó. “Por consiguiente, debemos actuar de inmediato para protegerlas de esta política perjudicial y desacertada”.