Eric Chase Saavedra, de 42 años, “trabajaba” para Adam Iza, “El Padrino” de las criptomonedas. Se valió de su uniforme para obtener órdenes de registro judicialmente autorizadas contra personas con las que su “jefe” tenía disputas.
LOS ÁNGELES – Un exagente del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD, por sus siglas en inglés) fue condenado a 21 meses de prisión federal por abusar de sus facultades policiales para amenazar e intimidar a los supuestos adversarios de un empresario de criptomonedas —quien se autodenominaba como tal y actualmente se encuentra encarcelado— con el fin de promover los intereses de dicho delincuente, así como por ocultar al IRS (Servicio de Impuestos Internos) más de 373.000 dólares en ingresos obtenidos de esa misma persona.
Eric Chase Saavedra, de 42 años y residente de Chino —quien en su momento se desempeñó como detective del LASD y agente de un grupo de trabajo federal—, fue sentenciado por el juez federal de distrito Percy Anderson, quien también ordenó el pago de 90.984 dólares en concepto de restitución.
Adam Iza, autonombrado “El Padrino” de las criptomonedas está en prision desde 2024.
Saavedra se declaró culpable en febrero de 2025 de conspiración para violar derechos civiles y de presentar una declaración de impuestos falsa.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Saavedra aceptó entregar varios artículos adquiridos durante la conspiración, entre ellos 32 bolsos Louis Vuitton, 27 pares de zapatos Gucci, 5 carteras Louis Vuitton y una máquina contadora de dinero.
“El Padrino” Adam Iza
Según los documentos judiciales, Adam Iza, de 26 años y residente de Beverly Hills y Newport Beach, se autodenominaba empresario de criptomonedas que contrataba a agentes del LASD fuera de servicio para que actuaran como sus ejecutores personales contra sus enemigos.
Como parte de la conspiración para violar derechos civiles, Iza hizo que los agentes le ayudaran a cometer actos de extorsión e intimidación, a tender trampas para provocar detenciones y a abusar de los procedimientos legales.
Uno de los agentes empleados por Iza era Saavedra, quien estaba asignado a la Oficina de Operación “Calles Seguras” (Safe Streets) del LASD y se desempeñaba como agente de un grupo de trabajo federal, adscrito al Grupo de Trabajo Regional del Suroeste del Pacífico para la Búsqueda de Fugitivos, dependiente del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals Service). Saavedra fundó una empresa de seguridad privada, Saavedra & Associates LLC, que prestaba servicios de seguridad a sus clientes y a menudo empleaba a agentes en activo del LASD y a otros miembros de las fuerzas del orden.
Cobraba $100.000 mensuales por seguridad
Entre agosto de 2021 y marzo de 2022, Iza —quien por aquel entonces residía en una mansión de Bel Air— contrató a Saavedra & Associates para que le proporcionara seguridad privada las 24 horas del día, por un coste habitual de 100.000 dólares mensuales. Iza volvió a contratar a la empresa desde julio de 2024 hasta su detención en septiembre de ese mismo año.
A partir del otoño de 2021, Saavedra utilizó de manera ilegal y habitual sus credenciales del LASD para acceder a bases de datos confidenciales de las fuerzas del orden y obtener información de identificación personal (PII) de Iza, incluidos datos de personas con las que Iza mantenía disputas personales o comerciales, así como de sus asociados y familiares.
Saavedra sabía que las normas del LASD no le autorizaban a acceder a dicha información para asuntos ajenos a sus funciones policiales ni a compartirla con clientes particulares. Según los documentos judiciales, actuó de este modo porque quería impresionar a Iza, mostrando su acceso a información policial, y seguir recibiendo negocios lucrativos de su parte.
Saavedra se valió de sus facultades como agente juramentado de las fuerzas del orden para obtener indebidamente órdenes de registro judicialmente autorizadas en relación con personas con las que Iza tenía disputas; entre ellas, una orden para registrar el domicilio de un individuo —cuya tramitación facilitó Saavedra— y otra para obtener datos de localización asociados a otra persona, la cual Saavedra obtuvo directamente.
Usó indebidamente información confidencial
Según los documentos judiciales, Iza, Saavedra y otros individuos utilizaron información confidencial —obtenida por los agentes del LASD en el ejercicio de sus funciones oficiales— para localizar, intimidar, acosar, amenazar y extorsionar a las personas con las que Iza mantenía disputas, así como a sus asociados. Asimismo, emplearon Telegram y otras aplicaciones de mensajería cifrada para eludir la detección de las autoridades.
Por ejemplo, a finales de 2021 o principios de 2022, Iza —creyendo que una víctima poseía un ordenador portátil que contenía más de 100 millones de dólares en criptomonedas— acordó con Saavedra que este obtendría una orden judicial para rastrear la ubicación GPS asociada al número de teléfono de dicha víctima. En enero de 2022, Saavedra solicitó y obtuvo una orden de registro de un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles con base en información falsa. En la declaración jurada que respaldaba la solicitud de la orden, Saavedra afirmó falsamente que el número de teléfono de la víctima estaba vinculado a un sospechoso en una investigación sobre armas de fuego.
Tras obtener la orden ilegal, Saavedra localizó a la víctima y facilitó su dirección a Iza. En marzo de 2022, Iza hizo que tres individuos armados intentaran entrar por la fuerza en el domicilio de la víctima para robar el ordenador portátil. Los individuos huyeron después de que la víctima efectuó un disparo en su dirección. Posteriormente, Iza envió a la víctima un video del intento de robo con allanamiento de morada.
Saavedra admitió, además, haber recibido aproximadamente 373.146 dólares en ingresos no declarados y haber presentado una declaración de impuestos falsa correspondiente al año 2021.
Iza, quien se encuentra bajo custodia federal desde septiembre de 2024, se declaró culpable en enero de 2025 de un cargo de conspiración contra los derechos civiles, de fraude electrónico y de evasión fiscal. La audiencia para la imposición de su pena está programada para el 5 de octubre ante el juez Anderson.
Iza está cumpliendo una condena de 15 años de prisión federal por su participación en un intento de robo de Bitcoin y un secuestro ocurridos en Connecticut en agosto de 2024.
El exalguacil del condado de Los angeles, Michael David Coberg sera sentenciado el 16 de marzo. A su derecha, Adam Iza, el llamado “Padrino” de las criptomonedas a quien servia ilegalmente.
Quinto en ser sentenciado a prisión federal
Saavedra es el quinto exoficial del LASD en ser sentenciado en este caso. Los otros cuatro exoficiales del LASD son:
• Michael David Coberg, de 45 años y residente de Eastvale, California, cumple una condena de 63 meses de prisión federal por ayudar a Iza a extorsionar a un rival y por organizar la detención simulada de otro adversario bajo cargos falsos de posesión de drogas ilegales en Paramount en 2021. El juez Anderson dictó la sentencia en el caso Coberg el 16 de marzo.
• Scott Allen Simpkins, de 34 años y residente de Brea, California, fue sentenciado el 13 de julio a 18 meses de prisión federal por obstruir una investigación federal sobre la extorsión, por parte de Iza, de 25.000 dólares a un organizador de fiestas en la mansión de Iza en Bel Air.
• David Anthony Rodriguez, de 45 años y residente de La Verne, California, fue sentenciado el 20 de julio a un año de prisión federal; Rodriguez, quien había trabajado para Iza como guardia de seguridad privada, se declaró culpable de presentar una solicitud falsa de orden de registro ante un juez estatal en nombre de otro cliente.
• Christopher Michael Cadman, de 34 años y residente de Fullerton, California, fue sentenciado el 14 de septiembre a 21 meses de prisión federal y se le ordenó pagar 25.000 dólares en concepto de restitución por abusar de su condición de agente del orden para amenazar e intimidar a los adversarios de un autoproclamado empresario de criptomonedas, Adam Iza, quien ahora se encuentra encarcelado, así como por defraudar al fisco. En relación con este asunto, el 21 de enero, el juez Anderson condenó a Iris Rabaya Au, de 37 años y residente en Irvine, a 18 meses de prisión federal y ordenó el pago de 1.484.343 dólares en concepto de restitución por no haber declarado más de 2,6 millones de dólares en ganancias ilícitas obtenidas a través de las actividades delictivas de Iza, su exnovio.
El FBI y la División de Investigación Criminal del IRS investigaron el caso en colaboración con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles.
El fiscal federal adjunto Maxwell K. Coll, de la División de Seguridad Nacional, estuvo a cargo de la acusación en este caso.