Una ley republicana de 2021 ahuyenta a votantes negros de las urnas: el porcentaje de quienes utilizaron el voto por correo cayó abruptamente del 29% en 2020 al 5% en 2024
La implementación de la ley SB 202 en Georgia aumentó drásticamente los obstáculos para que disminuyera la participación de los electores de minorías: afroamericanos, asiáticos y latinos.
Tras las acusaciones infundadas de fraude posteriores a las elecciones de 2020, la legislatura —controlada por el Partido Republicano— y los líderes de este partido actuaron rápidamente para reformar las normas electorales: endurecieron los procedimientos de voto en ausencia, limitaron el uso de urnas de depósito, acortaron los plazos de las segundas vueltas y prohibieron que voluntarios ofrecieran comida o agua a los votantes que esperaban en fila.
En 2021, el gobernador republicano Brian Kemp promulgó la ley SB 202, poco después de que una participación récord de votantes negros y jóvenes contribuyera a que Georgia se inclinara a favor del presidente Joe Biden y a la elección de dos senadores demócratas: Jon Ossoff y Raphael Warnock.
Monica Spencer tiene como misión que sus hermanos de raza voten libremente en Georgia.
En Georgia se registró una participación récord, lo que se tradujo en derrotas sorprendentes para el Partido Republicano en un estado que antes se consideraba un bastión republicano.
Así, las leyes diseñadas para limitar el poder de los votantes afroamericanos y de las minorías tuvieron un efecto devastador.
El porcentaje de votantes afroamericanos que utilizaron el voto por correo cayó abruptamente del 29% en 2020 al 5% en 2024, lo que representa una baja de 23 puntos. Entre los votantes asiático-estadounidenses, el uso del voto por correo descendió del 40% al 7%, y entre los votantes latinos, del 23% al 3%.
Misión: fortalecer la democracia
“Nuestra misión es sencilla pero poderosa: eliminar las barreras de identificación para ejercer el derecho al voto”, declaró la doctora Mónica Spencer, directora estatal de VoteRiders de Georgia, durante una conferencia virtual de American Community Media (ACoM).
“Trabajamos para restaurar y fortalecer nuestra democracia, educando a los votantes sobre las leyes de identificación y ayudándoles a obtener los documentos que necesitan”, añadió.
En los últimos años, en Georgia se ha registrado una proliferación de leyes de identificación para votar.
Actualmente, 38 estados exigen algún tipo de identificación en las urnas, y constantemente surgen nuevas leyes, como la reciente normativa de prueba documental de ciudadanía (DPOC) en Arizona y legislación similar que avanza en Maine.
Estas leyes, nuevas y más estrictas, imponen barreras generalizadas a los votantes elegibles, y su constante cambio genera confusión.
“La gente realmente no sabe qué llevar consigo al momento de votar; hay personas que sienten vergüenza o temor de acudir a votar sin identificación, o que temen ser rechazadas por no contar con el documento adecuado”, dijo Spencer, quien manifestó que las leyes de identificación para votar socavan y distorsionan la democracia al crear barreras innecesarias y costosas para acceder a las urnas.
Spencer afirmó que dichas leyes impiden que millones de votantes participen en el proceso democrático, debilitando al país y haciéndolo menos representativo menos inclusivo.
Afirmó que todo votante elegible debería poder emitir su voto sin enfrentar barreras para acceder a las urnas.
“Los votantes no deberían encontrar obstáculos para llegar a la urna y votar”, expresó.
Pam Bondi descarrila la demanda a la ley SB 202
Aproximadamente 34 millones de estadounidenses en edad de votar carecen de una identificación actualizada. Uno de cada diez ciudadanos adultos —es decir, 21 millones de votantes elegibles— no tiene fácil acceso a documentos que acrediten su ciudadanía, como el certificado de nacimiento, el pasaporte, el certificado de naturalización o el certificado de ciudadanía.
Los ciudadanos de color tienen casi cuatro veces más probabilidades de carecer de una identificación con fotografía emitida por el gobierno en comparación con los ciudadanos blancos.
La labor de VoteRiders ayuda a disipar la confusión en torno a las leyes de identificación de votantes.
Defensores de derechos civiles como el Fondo de Defensa Legal de la NAACP y la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) y votantes de Georgia impugnaron la ley SB 202, -consolidada bajo el caso GA State Conference of the NAACP v. Raffensperger, basados en datos de las elecciones de 2024 y en testimonios de expertos.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos se había sumado previamente a la impugnación legal contra el estado. Sin embargo, bajo el liderazgo de la exfiscal Pam Bondi, dicho Departamento retiró oficialmente su demanda federal en marzo de 2025, tras una solicitud de las autoridades estatales de Georgia.
Los demandantes indicaron que más de 1,6 millones de votantes registrados enfrentaron mayores obstáculos debido a la ley, siendo los votantes negros y pertenecientes a minorías quienes sufrieron el mayor impacto.
La ley SB 202 limitó el número de buzones para depositar papeletas, redujo el plazo para solicitar el voto por correo e introdujo nuevos requisitos de identificación para el voto en ausencia. También prohibió ofrecer comida o agua a los votantes que esperan en fila a menos de 150 pies (unos 46 metros) de un centro de votación.
Unos sí pueden votar, otros no
Concretamente, en el estado de Georgia, siete de las diez universidades históricamente negras no permiten utilizar la identificación estudiantil para votar.
Sin embargo, si un estudiante está matriculado en una institución pública —como las del sistema de la Universidad de Georgia—, sí puede usar esa identificación para votar.
“Aquí en Georgia, hay más de 76.000 votantes elegibles que carecen de la identificación necesaria para ejercer su derecho al voto”, expresó la directora de VoteRiders.
Las leyes promulgadas en los últimos años han dificultado el proceso de solicitar y devolver una boleta de voto en ausencia.
Para hacerlo en ese estado del sureste de Estados Unidos, es obligatorio incluir un número de identificación estatal tanto en la solicitud y al devolver la boleta.
Se han eliminado urnas de depósito. Ahora, el número se limita a una por cada 100.000 habitantes en el condado —y Georgia cuenta con 159 condados—, y ya no están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
“Se encuentran dentro de edificios gubernamentales, por lo que, si una persona tiene dos empleos, es muy probable que no disponga de tiempo para ir a depositar su voto en la urna”, dijo Spencer, cuya investigación y años de experiencia trabajando directamente con los votantes ofrecen una perspectiva única sobre las devastadoras consecuencias de las leyes de identificación de votantes, cada vez más numerosas y estrictas.
“Millones de ciudadanos pueden ser silenciados —y de hecho, lo son—, quedando excluidos del proceso”, sostuvo.
Una labor de justicia y compasión
Mónica Spencer, quien es también ministra ordenada de la Iglesia Episcopal Metodista Africana, considera que su labor en Georgia es extraordinaria. Ama el trabajo que realiza y recorre todo el estado donde viven 7.5 millones de votantes registrados.
“Me siento llamada a esta labor de justicia. Es una obra de compasión y de empoderamiento que asumo con convicción”, afirmó. “Más allá de brindar asistencia para obtener identificaciones, para mí esto es un ministerio, una obra de fe y de justicia a la que me dedico plenamente como mujer negra del sur”.
En Georgia, además de las dificultades para completar el proceso de obtención de una identificación estatal, se suman obstáculos de índole logística, financiera, geográfica, estratégica y política, y sin duda tienen un efecto disuasorio a la hora de participar en el proceso electoral.
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