El análisis revela una reducción de 46.000 visitas comerciales y pérdidas acumuladas estimadas en 3,16 millones de dólares en las inmediaciones de nueve corredores comerciales en un plazo de dos semanas.

LOS ÁNGELES, CA — Las redadas del ICE de junio de 2025 provocaron un impacto económico inmediato en los corredores comerciales latinos del condado de Los Ángeles que no se había resuelto casi un año después, según un nuevo estudio del Instituto de Políticas y Política Latina de UCLA (LPPI, por sus siglas en inglés) en colaboración con Inclusive Action for the City.
El informe combina datos de movilidad de todos los negocios cercanos a nueve puntos de intervención con encuestas y grupos focales realizados a 75 empresarios latinos de todo el condado. Los investigadores descubrieron que, entre los 989 negocios del sector formal ubicados en un radio de media milla de los nueve puntos de intervención documentados, se registraron 46.000 visitas de clientes menos y unas pérdidas de ingresos acumuladas estimadas en 3,16 millones de dólares durante las dos semanas posteriores a la actividad de control.
Los efectos empeoraron con el tiempo y se extendieron más allá del área inmediata. Al finalizar la segunda semana, el flujo de peatones había disminuido un 3,23 % en un radio de un cuarto de milla de los puntos de intervención y un 1,63 % en la zona situada entre un cuarto y media milla de distancia. Ocho de las nueve zonas comerciales estudiadas registraron una disminución del tránsito peatonal.
Los autores también estiman que una disminución similar, extrapolada a todo el condado, podría representar hasta 52 millones de dólares en pérdidas en un plazo de dos semanas y 114 millones en un mes de operaciones de control sostenidas; se trata de una extrapolación ilustrativa que describen como un orden de magnitud plausible más que como una medida exacta.
Las experiencias de los empresarios latinos muestran cómo la caída inicial de la actividad comercial derivó en una tensión financiera prolongada. Los participantes describieron una menor afluencia de clientes, cancelaciones de pedidos, reducción de horarios de funcionamiento, problemas de personal, agotamiento de los ahorros y acumulación de deudas.
Entre los hallazgos clave se encontró que:
• Todos los propietarios de pequeñas empresas participantes reportaron menos clientes y menos ventas.
• El 59 % reportó caídas de ingresos superiores al 50 %, mientras que otro 20 % reportó descensos entre el 26 % y el 50 %.
• El 68 % cerró temporalmente o redujo sus horarios de funcionamiento.
• El 51 % informó que el personal faltaba al trabajo por temor a las medidas de control.
• Casi un año después, el 95 % seguía reportando estrés financiero.
• El 52 % señaló que los ingresos ya no cubren de manera constante los costos operativos, mientras que otro 43 % indicó que apenas cubría los gastos, con poco o ningún beneficio.

Ante la persistencia de ingresos reducidos, algunos propietarios buscaron empleos externos, recortaron la nómina, asumieron tareas que antes realizaban sus empleados, consolidaron sus locales y pospusieron o abandonaron planes de crecimiento e inversión.
“Nuestra investigación demuestra que las medidas de control migratorio actuaron como un choque económico que trascendió la perturbación inmediata asociada a los operativos de control”, afirmó Amada Armenta, directora del LPPI y coautora del informe. “La pérdida de clientes afectó a negocios de diversos sectores y formatos, independientemente del estatus migratorio del propietario. Un año después, muchos dueños de negocios siguen en una situación de vulnerabilidad financiera; el miedo, la incertidumbre y la presión económica contribuyen al deterioro de su salud y bienestar”.
“La intensificación de las medidas federales de control migratorio ha devastado nuestras comunidades y nuestra economía”, señaló Rudy Espinoza, director ejecutivo de Inclusive Action. “Las pequeñas empresas y los corredores comerciales han quedado vacíos, mientras los propietarios y trabajadores luchan por salir adelante y las familias sufren. Esta investigación pone de relieve el terrible impacto de estas políticas y ofrece a los miembros de nuestra comunidad una plataforma para compartir su realidad”.
Los autores constataron que la presión financiera y el deterioro de la salud se retroalimentaban mutuamente. El miedo, la incertidumbre prolongada y la presión económica afectaron la salud de los emprendedores, lo que, a su vez, limitó su capacidad para trabajar, gestionar sus negocios y recuperarse.
Otros hallazgos derivados de las entrevistas y encuestas incluyen:
• El 76 % de los participantes informó haber sufrido un impacto emocional considerable.
• En los grupos focales, los participantes describieron sentimientos persistentes de miedo, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, hipervigilancia y estrés.
• Asimismo, reportaron trastornos gastrointestinales, ataques de pánico, agravamiento de enfermedades crónicas y otras dolencias relacionadas con el estrés. Varios indicaron haber comenzado a tomar nuevos medicamentos, haber aumentado sus visitas médicas o requerido hospitalización.
• Los propietarios relataron cómo tranquilizaban a clientes asustados y reconfortaban a empleados y familiares, todo ello mientras lidiaban con su propia ansiedad.
El informe concluye que estas consecuencias para la salud fueron tanto una secuela de las medidas de control migratorio como un factor que prolongó el daño económico.
“Los negocios latinos no se han recuperado. Estas empresas actúan como motores económicos locales: emplean a vecinos, compran a proveedores de la zona y mantienen el dinero en circulación dentro de sus comunidades. Cuando las medidas de control alejan a sus clientes y trabajadores, el perjuicio se extiende a la salud, el bienestar y la seguridad de comunidades enteras”, concluyó Armenta.