Davyd George Brand Jiménez estafó a unas 25 víctimas de origen latino por miles de dólares.
Davyd George Brand Jiménez, de 55 años y residente de San Ysidro, se declaró culpable en abril, en el centro de Los Ángeles, de 10 cargos de suplantación de identidad de un funcionario o empleado federal, dos cargos de fraude postal, dos cargos de fraude electrónico y un cargo por cada uno de los siguientes delitos: posesión y uso fraudulento de sellos del gobierno de los Estados Unidos y robo de identidad agravado.
Brand Jiménez, además, deberá pagar una multa de 4 millones de dólares y 152.476 dólares en concepto de restitución a al menos 25 víctimas, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
El acusado fingió ser un agente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para estafar a las víctimas; se dirigía principalmente a miembros indocumentados de la comunidad latina, asegurándoles que podía ayudarles a obtener permisos de trabajo, residencia legal y ciudadanía estadounidense. Cobraba a cada víctima entre 10.000 y 20.000 dólares, según los fiscales.
Además de afirmar falsamente ser agente del ICE o funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Brand a veces decía a las víctimas que era un funcionario de nivel “G-18”, un cargo inexistente.
Brand no tramitó la documentación migratoria de sus víctimas ni obtuvo para ellas ningún beneficio migratorio, según la acusación formal.
Dado que no proporcionaba tales beneficios, falsificaba documentos de inmigración con los nombres de las víctimas que mostraban fraudulentamente el emblema del Departamento de Seguridad Nacional, según consta en los documentos presentados ante el tribunal federal de Los Ángeles.
Brand también falsificó una orden de suspensión de la deportación y se la entregó a una de sus víctimas como prueba de que no sería deportada —lo cual era falso—, según informaron las autoridades.
En otro caso, el inculpado proporcionó a una víctima una tarjeta de Seguro Social válida, una tarjeta de pasaporte de Estados Unidos y una tarjeta de identificación de California, y le indicó que utilizara dichos documentos bajo el nombre de otra persona como prueba de autorización para residir y trabajar en Estados Unidos, de acuerdo con el Departamento de Justicia.
La oficina residente del FBI en el condado de Orange investigó el caso y contó con la colaboración del Departamento de Policía de Santa Ana.
El fiscal federal adjunto Charles E. Pell, de la oficina sucursal de Santa Ana, estuvo a cargo de la acusación en este caso.