Instan a ciudadanos estadounidenses de minorías a no tener miedo de ejercer su derecho al voto el 3 de noviembre; John Yang, presidente y director ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice (AAJC) aclara que la Corte Suprema emitió una decisión reafirmando que la gestión del voto por correo dependerá de los estados y no del gobierno federal ni del Servicio Postal de los EE. UU.
Los votantes pertenecientes a minorías, en particular, corren el riesgo de ver mermada su capacidad de voto debido a la redistribución de distritos electorales, que diluye el peso de su sufragio el próximo 3 de noviembre.
Comunidades afroamericanas, asiáticas, latinas y nativoamericanas temen la presencia de agentes de ICE en las casillas electorales y la persistencia de barreras lingüísticas y de acceso, especialmente para los votantes de zonas rurales.
Su participación electoral aumentó considerablemente durante las elecciones presidenciales de 2024: casi dos tercios de los votantes afroamericanos emitieron su voto; cifras similares se registraron entre los votantes asiáticos y latinos.
John Yang, presidente y director ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice (AAJC).
Sin embargo, es una incógnita si este aumento de la participación podrá mantenerse en 2026 pese a dichas barreras.
Durante un análisis de los desafíos prácticos que enfrentan los votantes, el panorama legal y político en torno al acceso al voto, y los esfuerzos en curso para fomentar la participación en las elecciones de noviembre —convocado por American Community Media (ACoM), John Yang, presidente y director ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice (AAJC)— reconoció el temor que prevalece entre los votantes de minorías, así como la desinformación y las noticias falsas.
“Los votantes deben mantenerse informados sobre la realidad de la situación, distinguir los hechos de la ficción y garantizar que cuenten con la información necesaria para emitir su voto de manera fundamentada”, dijo Yang.
Refirió que la realidad es que votar será fundamental en estas próximas elecciones, y es un deber que tienen los ciudadanos.
Consideró que muchas personas de comunidades minoritarias se ven afectadas por estas políticas, ya sea a nivel federal, estatal o local.
“Ya se trate del precio de la gasolina, de los alimentos o de la atención médica para nuestros familiares, todos tenemos algo en juego en estos comicios”, dijo Yang. “Por eso, es crucial que todos participemos en esta elección”.
De acuerdo con la Asian American Health Initiative, aproximadamente dos tercios de la comunidad asiático-estadounidense -entre un total de 20 y 25 millones de personas— son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Esta comunidad representa entre el 6% y el 7,4% de la población de Estados Unidos.
En la segunda semana de septiembre, la Corte Suprema emitió una decisión que reafirmó que la gestión del voto por correo no dependerá ni del gobierno federal ni del Servicio Postal de los Estados Unidos; por el contrario, seguirá a cargo de las autoridades electorales estatales.
Por tanto, el método que los estados hayan utilizado en el pasado para votar por correo “debería” seguir siendo válido.
“Debería” ser igual, aunque siempre es aconsejable consultar a las autoridades electorales locales, ya que se han producido cambios incluso en los últimos dos años”, dijo el ponente.
Algunos de esos cambios responden simplemente a cuestiones rutinarias de la administración electoral, sin segundas intenciones.
“Lo primero es disipar el temor de que no se puede votar por correo: sí se puede. Sigue siendo una forma de votar segura y confiable y, francamente, para muchos miembros de nuestra comunidad, puede que sea la opción preferida”, consideró John Yang.
El segundo punto se refiere al rumor sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (ICE) en los centros de votación.
Los ciudadanos estadounidenses de minorías raciales no deben temer ir a las urnas el 3 de noviembre.
“¿Soy libre de irme?”
Yang subrayó que lo primero es reconocer que las personas deben poder votar sin miedo ni intimidación en los centros de votación.
Por ello, si se encuentra con las fuerzas del orden o con agentes de ICE, es importante tener presentes sus derechos. Una de las cosas que la gente suele hacer es simplemente preguntar: «¿Me están deteniendo por algún motivo?».
A menos que un agente federal tenga una razón clara para detener a la persona, siempre debe preguntar: “¿Soy libre de irme?” Y deberían permitirle hacerlo.
Otro aspecto importante es alzar la voz si aparece el ICE y le detiene, debe hablar en voz alta para que otras personas cercanas puedan ayudarle a protegerse o a entender lo que está sucediendo.
Durante las elecciones primarias de noviembre habrá personas como observadores electorales para ayudar a proteger a los demás.
En las urnas, nadie puede cuestionar si usted habla, lee o escribe en inglés. No es un requisito para votar.
De hecho, la Ley Federal de Derechos Electorales, cada votante tiene derecho a recibir asistencia lingüística y a llevar a un traductor consigo, siempre y cuando esa persona no sea parte del grupo oficial de votación.
La Asian Americans Advancing Justice (AAJC) ha creado una infraestructura para garantizar que la gente se sienta segura al ir a votar. Esta infraestructura incluye una línea directa para la comunidad asiático-estadounidense: el 888-API-VOTE o 1-888-274-8683. Esa línea opera en inglés y en nueve idiomas asiáticos.
“No permita que el miedo ni la desinformación le disuadan de votar”, subrayó el presidente y director ejecutivo de Asian Americans Advancing Justice (AAJC). “Es su derecho ciudadano; es su derecho ejercer el voto en secreto. No deje que quienes buscan asustarle deliberadamente logren silenciarle”.
“Ya se trate del precio de la gasolina, de los alimentos o de la atención médica para nuestros familiares, todos tenemos algo en juego en estos comicios”, dijo Yang. “Por eso, es crucial que todos participemos en esta elección”.
De acuerdo con la Asian American Health Initiative, aproximadamente dos tercios de la comunidad asiático-estadounidense —entre 20 y 25 millones de personas— son inmigrantes o hijos de inmigrantes. Esta comunidad representa entre el 6% y el 7,4% de la población de Estados Unidos.
En la segunda semana de septiembre, la Corte Suprema emitió una decisión que reafirmó que la gestión del voto por correo no dependerá ni del gobierno federal ni del Servicio Postal de los Estados Unidos ; por el contrario, seguirá a cargo de las autoridades electorales estatales.
Por tanto, el método que los estados hayan utilizado en el pasado para votar por correo “debería” seguir siendo válido.
“Debería” ser igual, aunque siempre es aconsejable consultar a las autoridades electorales locales, ya que se han producido cambios incluso en los últimos dos años”, dijo el ponente.
Algunos de esos cambios responden simplemente a cuestiones rutinarias de la administración electoral, sin segundas intenciones.
“Lo primero es disipar el temor de que no se puede votar por correo: sí se puede. Sigue siendo una forma de votar segura y confiable y, francamente, para muchos miembros de nuestra comunidad, puede que sea la opción preferida”, consideró John Yang.
El segundo punto se refiere al rumor sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (ICE) en los centros de votación.
Una decisión decepcionante
A menos de dos meses antes de las elecciones de medio mandato, laCorte Suprema reactivó una controvertida base de datos sobre la ciudadanía de los votantes,
En su fallo 6-3, el tribunal, dominado por la ideología partidista republicana, dio la razón al gobierno de Donald Trump, que busca utilizar la llamada base de datos SAVE (Safeguard American Voter Eligibility Act / Ley Nacional de Registro de Votantes) del Departamento de Seguridad Nacional para revisar los padrones electorales estatales en busca de posibles personas que no sean ciudadanas.
La Corte Suprema permite al gobierno de Trump utilizar una base de datos ampliada para posibles depuraciones del padrón electoral que podrían eliminar a ciudadanos de las listas de votantes, aunque los magistrados aseguraron que la ley prohíbe las depuraciones masivas del padrón en las semanas previas a una elección.
Sin embargo, el tribunal señaló en su fallo sin firma que la Ley Nacional de Registro de Votantes prohíbe la depuración masiva de los padrones en las semanas previas a una elección, lo que “limita el impacto potencial” de la decisión este año. Los estados aún pueden realizar consultas individualizadas sobre los votantes.
Respecto a las cuestiones jurídicas más amplias planteadas en el caso, el tribunal afirmó que la ley federal exige al gobierno que responda a las solicitudes de información sobre la ciudadanía presentadas por los estados.
La orden judicial del tribunal inferior “impide que el gobierno federal utilice el programa que considera más adecuado para la tarea”, declaró el tribunal.
En su voto disidente, la magistrada progresista Ketanji Brown Jackson escribió que el gobierno no había demostrado suficientemente la necesidad de bloquear el fallo del tribunal inferior.
A su juicio, el perjuicio causado al imponer cargas o al privar del derecho al voto, incluso a unos pocos votantes legales, supera el perjuicio inexistente que sufre el gobierno al impedírsele tomar una medida para la cual probablemente carece de autoridad.
Diversos grupos que impugnan el plan, encabezados por la Liga de Mujeres Votantes, han argumentado que este infringe varias leyes, incluidas la Ley de Seguridad Social y la Ley de Privacidad.
La decisión de la Corte Suprema expone a millones de estadounidenses al riesgo de ser señalados indebidamente por la base de datos poco fiable de la administración para la depuración del padrón electoral, según afirmaron los grupos en un comunicado.
Los conservadores que han respaldado los esfuerzos de la administración para endurecer las leyes electorales acogieron con satisfacción la decisión.
Asimilando la decisión, el efecto que esta decisión de la Corte Suprema podría tener en el proceso electoral y en los resultados de la votación, según John Yang, es que “el gobierno federal no controla los padrones electorales estatales; eso es competencia de los estados”.
“Lo que esto parece sugerir es que los estados pueden acudir al gobierno y consultar sus bases de datos para determinar quién podría ser ciudadano y quién no”, dijo. “Esta decisión es muy decepcionante. Creo que genera más confusión”.