Texas, Arkansas, Mississippi, Kansas y Tennessee, con los porcentajes más altos de hospitales rurales vulnerables y en riesgo de cerrar. Los trabajadores agrícolas de California no solicitan atención sanitaria por temor a complicaciones con inmigración.
En gran parte de los estados republicanos que apoyaron al presidente Donald Trump, la red de seguridad sanitaria rural sigue bajo intensa presión debido a la reducción de los reembolsos, al acceso cada vez más limitado a la atención y al deterioro de la salud de la población.
En Texas, 50 hospitales rurales están en riesgo de cierre. Es una cifra superior a la de cualquier otro estado del país. Tras Texas, y en orden descendente, se sitúan: Kansas (44), Tennessee (27), Georgia (25) y Mississippi (24). Todos, estados republicanos respaldaron a Donald Trump.
Desde 2010, Texas también ha perdido más hospitales rurales que cualquier otro estado: 27 en total. Además, de los 50.000 millones de dólares en fondos federales anunciados el pasado diciembre a través del Programa de Transformación de la Salud Rural (RHT), a Texas le corresponderán unos 66 dólares por residente rural, frente a los 6.305 dólares que recibiría Rhode Island.
El Programa de Transformación de la Salud Rural -que fue autorizado a través de la llamada “Gran hermosa ley” (Big Beautiful Bill) de Trump y finalizará en 2030- se presentó como una iniciativa federal de $50 mil millones administrada por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) “para mejorar el acceso, la calidad y los resultados de la atención médica en las comunidades rurales de Estados Unidos”.
Texas puede cambiar con James Talarico
Latino Sentinel preguntó a la doctora Katherine Hempstead, asesora principal de políticas en la Fundación Robert Wood Johnson: Si algunos estados republicanos como Texas, Kansas, Tennessee, Georgia y Mississippi corren el riesgo de cerrar muchas clínicas rurales, ¿cómo explica que la gente siga apoyando a la administración Trump? Y ¿cree que cambiarán de opinión durante las elecciones de mitad de mandato en noviembre?
“Esa es una pregunta muy interesante. No quiero involucrarme demasiado en temas electorales, pero, hablando del asunto en sí, creo que hay muchas pruebas de que la gente está descontenta con muchas de las políticas actuales de la administración y existe una gran preocupación por lo que está sucediendo con la atención médica”, respondió la doctora Hempstead, durante una sesión informativa de American Community Media (ACoM).
“En Texas, por ejemplo, parece que la contienda por el Senado se está cerrando y hay varios temas en juego. Pero sí creo que el cierre de hospitales siempre representa un problema para los líderes políticos que están al mando. Creo que hubo mucha preocupación cuando se aprobó aquel gran proyecto de ley [RHT] y algunos legisladores de estados rurales insistieron mucho en la creación de este fondo para la transformación de la salud rural. Algunos querían que fuera mayor, pero creo que ahora está bastante claro que [$50 mil millones] es una cantidad insignificante y que, en realidad, no va a servir de mucho. Por eso, considero razonable pensar que esto podría acarrear ciertas consecuencias”.
En efecto, en Texas, dichas consecuencias políticas podrían costarle un escaño en el senado federal a los republicanos: el demócrata James Talarico, miembro de la Cámara de Representantes de ese estado se enfila a derrotar el 3 de noviembre, en las elecciones de medio término, al candidato plagado de escándalos, Ken Paxton: 49% vs. 43%, mientras que la congresista demócrata Gina Hinojosa aventaja en las encuestas (49% vs. 45%) al gobernador Greg Abbott, a quien podría desbancar del puesto.
Un impacto catastrófico
La doctora Katherine Hempstead dijo que la atención sanitaria en zonas rurales presenta desafíos inherentes, incluyendo que muchos hospitales operan ya con márgenes negativos o muy reducidos, y prevé que la ley One Big Beautiful Bill Act (la gran hermosa ley) “tendrá un impacto catastrófico, ya que la pérdida de cobertura y otros recortes de financiación conllevan consecuencias que amenazan la supervivencia misma de sistemas financieramente vulnerables”.
Doctora Katherine Hempstead, asesora principal de políticas en la Fundación Robert Wood Johnson.
La experta de la doctora Katherine Hempstead recordó que el Programa de Transformación de la Salud Rural se creó para intentar amortiguar el golpe o, en realidad, como una especie de premio de consolación político ante el impacto de dicha ley.
Sin embargo, su enfoque a corto plazo se centra en etapas demasiado tempranas del problema y su alcance es insuficiente para marcar una diferencia sustancial.
Los problemas de salud en las comunidades y hospitales rurales se han agravado y se ven aún más amenazados por los profundos cambios normativos pendientes.
“Por lo general, las comunidades rurales presentan tasas de pobreza más elevadas que las no rurales; muchas de ellas sufren un descenso demográfico y un envejecimiento extremo de la población”, dijo Hempstead. “En líneas generales, la salud de la población rural es peor que la de la urbana: se registran mayores tasas de enfermedades crónicas, tabaquismo y causas externas de muerte —como el suicidio y la sobredosis de drogas—, además de factores sociales determinantes para la salud, tales como una nutrición deficiente, dificultades para acceder a alimentos nutritivos, riesgos laborales y exposición a productos químicos, entre otros”.
Además, las zonas rurales de Estados Unidos presentan elevadas tasas de cáncer y se cuenta con sistemas sanitarios financieramente muy frágiles —con muchos hospitales rurales pequeños que operan con márgenes muy bajos o negativos—; esta es la situación de partida, incluso antes de aplicar los cambios normativos.
Otro problema en las comunidades rurales es la escasez persistente de profesionales sanitarios, con una proporción de profesionales por habitante muy inferior a la de otras zonas.
Las distancias son mayores, por lo que el transporte supone un problema en las zonas rurales; también, todo resulta más costoso debido a la baja densidad de población y a los elevados costes fijos necesarios para gestionar un hospital.
Asimismo, muchos estados rurales enfrentan situaciones fiscales muy limitadas: a menudo aplican tipos impositivos muy bajos y recaudan escasos ingresos fiscales.
En consecuencia, muchos estados apenas prestan ayuda a sus hospitales, los cuales suelen operar en un entorno de gran restricción presupuestaria desde la perspectiva estatal.
Estas son las condiciones básicas que definen la realidad sanitaria en la América rural.
El impacto de la ley ACA
Se prevé que el impacto de los cambios a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA) u Obamacare — particularmente en el programa Medicaid— provoque una reducción de un billón de dólares a nivel nacional en el gasto federal destinado a Medicaid durante la próxima década.
“Esto conlleva una pérdida considerable de cobertura”, dijo la doctora Hempstead.
Se estima que, en última instancia, aumentará en 283.000 millones de dólares la demanda de atención no remunerada.
Ello ocurre porque las personas pierden su cobertura pero siguen teniendo problemas de salud, por lo que acuden a los centros médicos sin poder pagar por los servicios, y supone una carga enorme para los proveedores de servicios de salud en todas partes, pero especialmente en las zonas rurales.
Además, se proyecta que, debido a los cambios tanto en el programa Medicaid como en el mercado individual (el mercado de seguros de la ACA), entre 10 y 15 millones de personas se quedarán sin seguro en los próximos diez años, lo que representa un aumento masivo en la falta de cobertura.
“Si tenemos en cuenta que actualmente hay unos 30 millones de personas sin seguro, se trata de un incremento enorme”, señaló la doctora Hemstead. “En las zonas rurales el efecto es muy profundo porque allí la dependencia de la cobertura pública es mayor. Menos personas cuentan con un seguro proporcionado por el empleador, mientras que un mayor número de personas depende de Medicaid y de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio”, indicó.
Lo anterior significa que los hospitales dependen en gran medida de los ingresos provenientes de estos pacientes. Por tanto, cuando muchas de estas personas pierden su cobertura, se genera un grave problema de ingresos para los hospitales. Por supuesto, el problema es aún mayor para las personas que pierden dicha cobertura.
El impacto en toda la economía local y en el sistema sanitario en particular es significativo. Además, esta repercusión puede afectar incluso a personas que no necesariamente están perdiendo su cobertura —como los beneficiarios de Medicare o quienes tienen seguro a través de su empleador—, ya que si un hospital cierra o reduce sus servicios, las consecuencias son graves para todos.
En las zonas rurales de Estados Unidos muchas personas en zonas rurales trabajan por cuenta propia —especialmente en los agricultores— y han encontrado que el mercado de seguros de la ACA les resulta de gran utilidad. Los agricultores han registrado tasas de afiliación muy elevadas en dicho mercado; sin embargo, los recientes aumentos en las primas, derivados de la expiración de los créditos fiscales mejorados, han encarecido considerablemente esta cobertura.
“Esto supone un duro golpe económico para los agricultores”, consideroo la doctora Hemstead. “Muchos de ellos son mayores, por lo que sus primas son aún más elevadas, y la pérdida de los créditos fiscales mejorados para las primas es realmente significativa”.
¿Y el estatus migratorio?
En las comunidades agrícolas de Estados Unidos hay miles de inmigrantes trabajando y la respuesta de atención médica para ellos varía según el estado.
Algunos estados han ampliado la elegibilidad para Medicaid a adultos de bajos ingresos en edad laboral; 40 de los 50 estados lo han hecho. Esa puede ser una opción.
Sin embargo, recientemente —y bajo la Administración Trump,, a partir de octubre— se implementarán diversas reducciones en la elegibilidad para Medicaid basadas en el estatus migratorio.
“Dependiendo de la situación migratoria de las personas, dicho acceso a Medicaid podría verse comprometido”, advirtió la doctora Katherine Hempstead.
De hecho, muchas personas están tan preocupadas por las medidas de control migratorio que deciden no participar en ese programa, aun cumpliendo con todos los requisitos, por temor a que figurar en dicho programa pueda perjudicar de alguna manera a sus familias o conocidos.
“Hemos observado un descenso considerable en las inscripciones a Medicaid últimamente y creemos que gran parte de ello se debe a la preocupación de la gente por la aplicación de las leyes de inmigración; además, sabemos que la agencia encargada de dicha aplicación ha intentado obtener datos de Medicaid precisamente con ese fin: utilizarlos para deportar personas o perseguir a sus familiares”, subrayó la asesora principal de políticas en la Fundación Robert Wood Johnson.
Otra opción, que cobrará mayor importancia para un número creciente de personas, son los centros de salud comunitarios (FQHC) o las clínicas gratuitas, repartidos por todo el país y que atienden a personas sin cobertura médica.
Los trabajadores agrícolas en California
Y, dado que una parte importante de los trabajadores agrícolas de California son indocumentados, desde el 1 de enero de 2026, los niños y jóvenes de 0 a 18 años conservan el derecho a Medi-Cal completo sin importar su estatus migratorio.
Si un trabajador agrícola indocumentado ya estaba inscrito en Medi-Cal con cobertura completa antes de enero de 2026, puede mantener su seguro siempre y cuando complete a tiempo su proceso de renovación anual y siga cumpliendo con los requisitos de ingresos.
Las excepciones de cobertura incluyen a nuevos solicitantes indocumentados mayores de 19 años que solo califican para Medi-Cal restringido para emergencias o atención médica durante el embarazo,
Este ano, además, California congeló nuevas inscripciones. Los adultos indocumentados de 19 años o más que no se hayan inscrito previamente ya no pueden solicitar ni obtener cobertura de Medi-Cal con beneficios completos.
“Estoy segura de que muchas personas temen acudir a los beneficios por miedo a cualquier interacción que pueda derivar en problemas migratorios; se trata de un problema grave y conexo que afecta actualmente a todo tipo de instituciones en este país, incluidas las de atención sanitaria”, expresó la doctora Hempstead.