First Amendment Coalition (FAC) representó a Buen Vecino en una demanda interpuesta contra el Departamento del Alguacil del condado de Ventura por negar el acceso a registros públicos sobre la redada de inmigración en la compañía de marihuana Glass House.
Decenas de alguaciles del condado de Ventura participaron en el “control de la seguridad” de personas durante la redada masiva de ICE en julio de 2025, en la que un inmigrante mexicano falleció.
Si bien los departamentos de policía locales y las oficinas del alguacil en el país desempeñan un papel cada vez más relevante en la aplicación de las leyes de inmigración, gran parte de esta actividad sigue siendo difícil de rastrear.
Con frecuencia, los registros están incompletos, se entregan con retraso o son retenidos, lo que impide a los periodistas obtener una imagen clara de cómo se aplica la ley sobre el terreno.
Durante una sesión informativa de American Community Media (ACoM) se analizaron estrategias legales para exigir la divulgación de información, herramientas para acceder a los registros, datos a nivel nacional que revelan patrones de colaboración y enfoques periodísticos que pueden ayudar a cubrir las lagunas existentes.
David Loy, director legal de la First Amendment Coalition (FAC), lideró los esfuerzos para impugnar a las agencias gubernamentales que retienen registros públicos, incluida una demanda reciente contra el Departamento del Alguacil del condado de Ventura.
La organización buscaba obtener videos de una redada que provocó la muerte de un trabajador agrícola y la detención de cientos de personas.
Jaime Alanís García, era ese trabajador agrícola mexicano de 56 años. Murió en julio de 2025 tras caer desde el techo de un invernadero mientras intentaba huir de una redada masiva de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Glass House Farms, en Camarillo, en el condado de Ventura. El incidente ocurrió en una granja de cannabis.
En virtud de la Ley de Registros Públicos de California, FAC representó a la organización comunitaria sin fines de lucro llamada Buen Vecino, que había presentado una solicitud de registros públicos ante el sheriff del condado de Ventura para conocer lo ocurrido.
“California cuenta con una ley muy estricta, conocida como SB 54, que limita rigurosamente la capacidad de las fuerzas del orden locales para colaborar con las autoridades federales de inmigración”, dijo Loy. “Por consiguiente, la presencia de los agentes adjuntos del sheriff suscitó evidentes inquietudes”.
El mexicano Jaime Alanís fue quien murió durante la redada masiva de inmigración en julio de 2025. A la derecha, David Loy, director legal de First Amendment Coalition (FAC), que lideró los esfuerzos para impugnar a las agencias gubernamentales que retienen registros públicos.
Buen Vecino solicitó copias de los registros pertinentes: las grabaciones de las cámaras corporales y otras comunicaciones escritas que documentaran y explicaran por qué se encontraban allí los agentes adjuntos.
Incluso antes de que FAC presentara una demanda, el alguacil del condado de Ventura, Jim Fryhoff, había declarado públicamente —o al menos eso sostenía— que los agentes no estaban en la redada migratoria para colaborar en la operación de control de la inmigración, sino simplemente para mantener el orden público.
Según un comunicado del sheriff, el departamento envió un “equipo de respuesta táctica” para “mantener la paz entre los manifestantes y los agentes federales”. El sheriff negó tener la intención de “participar en redadas de inmigración”.
Esa era la versión del jefe del alguacil.
Sin embargo, cuando Buen Vecino solicitó copias de dichos registros, el condado se negó a divulgarlos, alegando que quedaban amparados por una exención aplicable en California a los denominados “registros de investigación”.
Por lo general, los registros de las investigaciones realizadas por las fuerzas del orden no están sujetos a divulgación bajo la Ley de Registros Públicos de California (CPRA).
Por ello, FAC presentó una demanda impugnando esta norma, bajo el argumento de que, si bien es cierto que se trataba de agentes del orden, en realidad no estaban llevando a cabo una investigación sobre ningún presunto delito, dado que el propio jefe del alguacil había declarado que no estaban investigando nada y que, simplemente estaban realizando labores de seguridad y control de multitudes, lo cual difiere de una investigación.
Decenas de manifestantes protestaron por la redada masiva de ICE en Camarillo, y por la presencia de agentes del Departamento del Alguacil del Condado de Ventura, en julio de 2025.
“Este es un argumento que estamos desarrollando e impulsando en otras partes del estado”, precisó David Loy, director legal de la First Amendment Coalition (FAC).
FAC codirigió este caso junto con Gregory Pleasants y Shaffy Moeel, dos litigantes experimentados en litigios relacionados con la CPRA y en asuntos de inmigración.
El caso se resolvió mediante un acuerdo en virtud del cual el condado accedió a divulgar las grabaciones de video solicitadas por Buen Vecino y a pagar 32.750 dólares en concepto de costos y honorarios de abogados.
“No te rindas…sigue insistiendo”
Loy expresó que, de acuerdo con su experiencia en California, la respuesta de las autoridades de las agencias del orden público ante las solicitudes de registros y de transparencia es “automática y predeterminada” y consiste simplemente en negarlas y acogerse a la exención de registros de investigación.
“Es como si tuvieran puesto el piloto automático puesto, y simplemente despacharan esta respuesta para rechazar todo lo que se les pide que no sea una política o procedimiento oficial y “depurado”. Y, para ser justos, muchos registros de las operaciones policiales están cubiertos por esa exención en California; pero no todos”, dijo Loy.
El director ejecutivo de FAC manifestó que es importante oponerse a la que se considere una aplicación excesiva de la exención de registros de investigación.
“En el nivel más básico, la transparencia es el oxígeno de la rendición de cuentas; y esto es especialmente cierto en el ámbito de las fuerzas del orden”, afirmó.
Recientemente, la First Amendment Coalition envió una carta de requerimiento a la ciudad de San Diego, la cual involucra circunstancias similares a las ocurridas en el condado de Ventura: dos incidentes distintos en San Diego en los que se solicitó la presencia de la policía local en el lugar de una operación de control migratorio para “mantener la seguridad y controlar a la multitud”.
Dicha carta fue enviada en nombre de una periodista independiente, Kate Morrissey, radicada en San Diego, quien lleva mucho tiempo cubriendo temas de inmigración.
Ella presentó dos solicitudes diferentes ante la ciudad; la ciudad denegó la mayoría de ellas.
Ante la búsqueda de respuestas por parte de las autoridades del orden público, Loy aconsejó a los periodistas: “Simplemente, nunca te rindas. Sigue insistiendo: insiste, insiste e insiste”.