Algunas demandas ya invocaron el principio de igualdad de protección, basándose en el impacto desproporcionado que se preveía para los inmigrantes no blancos provenientes de África y América Latina. Entérate a quiénes no afecta esa política
A partir del 18 de septiembre de 2026 se implementarán las directrices del nuevo examen de carga pública que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) emitió en agosto.
El término “carga pública” se refiere a una causa de inadmisibilidad (una razón por la cual a una persona se le podría denegar la tarjeta de residencia permanente o “green card”, una visa, o la admisión en los Estados Unidos. que evalúa específicamente si es probable que una persona dependa de beneficios gubernamentales en el futuro. Un oficial de inmigración puede denegar una solicitud de visa o de tarjeta de residencia si determina que es probable que la persona se convierta en una carga pública.
“La carga pública no se aplica a los solicitantes de tarjeta de residencia que la obtienen por medio de asilo, estatus de refugiado, visa U, visa T, VAWA o Estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJS).”, dijo Ariel Brown, abogada del Immigrant Legal Resource Center.
Tampoco afecta a quienes solicitan otros beneficios migratorios, tales como naturalización, DACA, el Estatus de Protección Temporal (TPS), o a quienes están solicitando un permiso de trabajo.
Brown señaló que los desafíos legales surgidos durante la primera administración Trump sobre la carga pública ahora parecen ser algo más lento esta vez, aunque sabe que habrá organizaciones, estados y otros grupos que lucharán para bloquear esta norma, a pesar de que está previsto que entre en vigor el 18 de septiembre.
Durante la primera administración Trump se presentó una gran oleada de demandas en todo el país impugnando aquella primera norma de carga pública; entre los argumentos legales planteados —que volverían a aplicarse ahora— se encuentra la afirmación de que los cambios son arbitrarios y caprichosos, ya que se apartan de leyes y prácticas vigentes desde hace mucho tiempo sin ofrecer una explicación adecuada de los motivos de dicho cambio ni considerar sus consecuencias.
Asimismo, se argumentó que el gobierno no evaluó adecuadamente los costos y los perjuicios que se derivarían de la medida, y que el procedimiento seguido para implementar estos cambios infringió la Ley de Procedimiento Administrativo.
“Algunas demandas también invocaron el principio de igualdad de protección, basándose en el impacto desproporcionado que se preveía para los inmigrantes no blancos provenientes de África y América Latina, así como en la afirmación de que la norma estaba motivada por una intención discriminatoria indebida”, enfatizó la abogada, durante una sesión informativa de American Community Media (ACoM).
Un factor que agravó la situación durante la primera administración Trump fue la coincidencia con la pandemia de COVID-19; lo cual hizo que resultara aún más censurable una norma que disuadía a las personas de buscar atención médica vital y crítica.
“Es probable que este contexto influyera en la rapidez de algunas decisiones judiciales relacionadas con la primera norma de Trump”, añadió la abogada.
Otro cambio jurídico que podría condicionar la naturaleza de las impugnaciones legales en esta ocasión es que, desde 2019, cada vez más tribunales han manifestado su descontento o inquietud respecto a las órdenes judiciales de alcance nacional.
Por ejemplo, en 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo en el caso “Trump v. Casa” limitando la facultad de los jueces de distrito federales para dictar medidas cautelares a nivel nacional.
Esto podría significar que surja un mosaico de órdenes judiciales que bloqueen la aplicación de la norma en ciertos estados o regiones del país, pero no en otros.
“Habrá que ver si esta situación se repite con las nuevas impugnaciones legales”, señaló, aunque advirtió que esta vez la prueba de carga pública es mucho más estricta y difícil de superar por ser altamente subjetiva, discrecional y propensa a sesgos.
“Esto dificulta enormemente asesorar a las personas y ofrecerles información clara sobre si se les denegará la residencia permanente (tarjeta verde) por motivos de carga pública, dado que los criterios son tan abiertos y vagos”, expresó la abogada del Immigrant Legal Resource Center.
Cheryl Branch, directora ejecutiva de Los Angeles Metropolitan Churches (LAM Los Angeles) concordó que la norma de carga pública también afectará a organizaciones religiosas y comunitarias.
“Desde nuestra perspectiva, se trata de las personas; es un castigo por intentar sobrevivir. La norma de carga pública y las amenazas no es solo una historia de inmigración, sino una historia comunitaria”, afirmó.
Cheryl Branch dijo que, aunque en su organización no son líderes políticos, sino que su responsabilidad es local, piensa en las madres que acuden con ella preguntando si pueden utilizar un espacio en el complejo de vivienda pública de Watts, que es el más grande al oeste del Misisipi.
“Esas madres nos han preguntado si podían utilizar un aula para reunirse con funcionarios de inmigración, abogados especializados y expertos que las asesoren sobre qué hacer”, informó.
En el sur y sureste de Los Ángeles residen aproximadamente dos millones de personas, muchas de las cuales viven en el umbral de la pobreza y dependen de los servicios sociales para sobrevivir.
El trabajo de Los Angeles Metropolitan Churches no se limita a ayudar a personas afroamericanas, africanas y de la diáspora negra, sino también familias inmigrantes —sudamericanas, mexicanas y de cualquier otra comunidad— a quienes no es necesario verificar su estatus migratorio, sus ingresos ni su documentación.
“Cuando normas federales infunden miedo a utilizar la red de seguridad existente, es ahí donde intervenimos nosotros”, dijo la directora ejecutiva de LAM Los Angeles. “En el sur y sureste de Los Ángeles viven más de dos millones de residentes de California. Esta es nuestra comunidad; aquí es donde vivimos. Aquí es donde comienza nuestra labor, pues estamos creando redes de seguridad justo bajo esta normativa. Así que financiamos esto dólar a dólar, gracias a vecinos, pequeños empresarios y trabajadores de la economía colaborativa. Sin formularios, sin estigma, sin riesgos”.
Cheryl Branch dio a conocer que utilizan los canales y vías que ya conocen; los activan y los aprovechan. Usan los espacios que controlan para cubrir cualquier necesidad que pueda quedar desatendida: desde el transporte a una cita de diálisis hasta el copago de una receta médica o la adquisición de un tensiómetro.
Es en los hogares de estatus migratorio mixto donde intentan atender las necesidades médicas de algunas de las nuevas áreas del programa que corren peligro de ser recortadas.
“La alimentación es la primera línea de defensa: si logramos mantener a la gente sana antes de que siquiera necesite estos beneficios, estaremos ganando la batalla”, subrayó. “Las enfermedades relacionadas con la alimentación son uno de los mayores problemas que enfrentamos y, fundamentalmente, la razón por la que muchas personas dependen de programas sujetos a la norma de “carga pública'”.
En cuanto a la población inmigrante, aunque Los Angeles Metropolitan Churches no cuenta con un grupo numeroso, aproximadamente el 22 % de las personas con las que interactúan provienen de Nigeria, Belice, Etiopía, Jamaica, Haití, Sudamérica y Kenia.