Jueza federal dicta que agentes de ICE ya no podrán arrestar a personas por presuntas infracciones migratorias, sin orden judicial y sin una evaluación individualizada del riesgo de fuga.
LOS ÁNGELES – “Los Ángeles ha sido puesto a prueba por esta administración [de Donald Trump una y otra vez, y nos hemos mantenido firmes. Una jueza federal ha fallado nuevamente a favor de Los Ángeles y ha tomado medidas para limitar drásticamente cuándo los agentes federales de inmigración pueden realizar detenciones sin orden judicial en el sur de California”.
Esa fue la reacción de la alcaldesa Karen Bass tras el fallo de la jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong a favor de Los Ángeles, que limita drásticamente las detenciones sin orden judicial de agentes federales de inmigración.
Jueza federal de distrito Maame Ewusi-Mensah Frimpong
“Durante más de un año, familias de toda nuestra ciudad han vivido con el temor de que ir al trabajo, caminar por la calle o despedirse por la mañana pudiera terminar con un ser querido siendo llevado a la fuerza”, indicó la funcionaria del gobierno municipal,
La orden preliminar de la juez Maame Ewusi-Mensah Frimpong determinó que los agentes federales de inmigración “se abstienen habitualmente de realizar cualquier tipo de análisis sobre la probabilidad de fuga”.
Asimismo, el tribunal señaló que “los demandantes han demostrado que la política sigue vigente” y que los testimonios de los propios agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) respaldan la conclusión de que la situación se debía a esta política ilegal de arrestos sin orden judicial, y no a “casos aislados de agentes que actuaban por su cuenta”, escribió la jueza.
El tribunal también certificó una demanda colectiva en representación de las personas que, desde el 6 de junio de 2025, han sido o serán arrestadas por agentes federales por presuntas infracciones migratorias, sin orden judicial y sin una evaluación individualizada del riesgo de fuga.
Según la ley federal, los agentes de inmigración solo pueden realizar un arresto civil por motivos migratorios sin orden judicial cuando tienen causa probable para creer dos cosas: que la persona es indocumentada y que existe una probabilidad de que dicha persona se dé a la fuga antes de que se pueda obtener una orden judicial.
Además de poner fin a la práctica ilegal de realizar arrestos sin orden judicial sin determinar primero si existe probabilidad de fuga antes de obtener la orden, el tribunal ordena al gobierno federal que cumpla con las siguientes condiciones:
- Los agentes de inmigración deben considerar el conjunto de circunstancias conocidas por el agente antes de efectuar el arresto, incluido el riesgo de fuga;
- Los agentes deben dejar de basarse en el criterio o enfoque analítico sobre el riesgo de fuga establecido en el memorando de cinco páginas del exdirector interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, emitido en enero, el cual sugería ilegalmente que el simple hecho de ser indocumentado bastaba para establecer una probabilidad de fuga; y
- Los agentes deben documentar su análisis del riesgo de fuga al realizar detenciones sin orden judicial en el Distrito Central de California.
Alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.
“El fallo representa una protección importante contra las detenciones sin orden judicial que han afectado racialmente a los angelinos y aterrorizado a las comunidades”, agregó la alcaldesa Karen Bass, quien agradeció a la Red de Centros de Trabajadores de Los Ángeles (Los Angeles Worker Center Network), al sindicato United Farm Workers, a la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y quienes presentaron originalmente esta demanda, a la cual se unió la Ciudad de Los Ángeles liderando una coalición de más de 20 gobiernos locales de todo el sur de California.
“La Constitución se aplica en Los Ángeles, tal como lo hace en cualquier parte de Estados Unidos. Siempre apoyaremos a nuestras comunidades inmigrantes y defenderemos sus derechos”.
Una decisión importante
Mayra Joachin, abogada principal de la ACLU Foundation del sur de California señaló que el fallo de la jueza Ewusi-Mensah Frimpong es una de las decisiones más importantes hasta la fecha en los esfuerzos de la comunidad por poner fin a la práctica cruel e ilegal del gobierno federal de detener a personas y separarlas de sus familias.
“Al exigir a los agentes de inmigración que cumplan con el mandato legal de determinar si existe riesgo de fuga antes de arrestar a alguien sin orden judicial, esta orden judicial debería poner fin a cientos —si no más— de arrestos ilegales que siguen ocurriendo en todo el sur de California. Supervisaremos de cerca el cumplimiento de esta orden judicial y esperamos que el gobierno federal la acate”, declaró la abogada.
En su orden, el tribunal determinó que los agentes federales de inmigración “se abstienen sistemáticamente de realizar cualquier análisis sobre la probabilidad de fuga”. Además, el tribunal señala que “los demandantes han demostrado que la política sigue vigente” y que los testimonios de los propios agentes del DHS respaldan la conclusión de que ello se debía a dicha política ilegal de arrestos sin orden judicial, y no a “casos aislados de agentes que actuaban por su cuenta”.
DHS está violando la ley
Lauren Michel Wilfong, abogada de la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), afirmó que “La administración Trump descartó la ley federal para lograr su objetivo de deportaciones masivas a cualquier precio, haciendo desaparecer a miembros de la comunidad de Los Ángeles en cuestión de momentos mientras realizaban sus actividades cotidianas”.
“Gracias, en parte, al testimonio bajo juramento de decenas de demandantes y miembros de la demanda colectiva que dieron un paso al frente para denunciar sus arrestos ilegales, el tribunal reconoció acertadamente que el DHS está violando la ley como parte de su política. Seguiremos luchando junto a nuestros demandantes, trabajadores y comunidades inmigrantes para garantizar que todos puedan llevar a cabo su vida diaria sin temor a ser detenidos o arrestados arbitrariamente”.
Dos trabajadores agrícolas de California, con Teresa Romero, presidenta del UFW.
Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers (UFW) recordó que hace más de un año, trabajadores agrícolas de todo el sur de California sufrieron semanas de ataques atroces dirigidos contra ellos por el color de su piel.
Teresa Romero, presidenta de United Farm Workers (UFW) recordó que hace más de un año, trabajadores agrícolas de todo el sur de California sufrieron semanas de ataques atroces dirigidos contra ellos por el color de su piel.
“Esta decisión reafirma que estas redadas ilegales y racistas contra la clase trabajadora nunca debieron haber ocurrido”, declaró Romero. “Este reconocimiento conlleva importantes restricciones legales a la capacidad de la administración Trump para aterrorizar a los trabajadores inmigrantes de California. Desde el centro de Los Ángeles hasta los campos de Oxnard y Coachella, este fallo hará que todos los trabajadores estén más seguros”.
Al ser consultado previamente sobre la medida cautelar, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) insistió en que los agentes federales se centran en proteger a los ciudadanos estadounidenses por encima de cualquier otra consideración.
“Nuestros agentes se centran en proteger al pueblo estadounidense, no en atender indignaciones teatrales”, según un comunicado del DHS. “¿Dónde está la indignación de los medios por las familias de las víctimas —conocidas como “familias Ángel’— que perdieron a un ser querido a manos de inmigrantes indocumentados que cometieron delitos?».
El término “familias Ángel” se refiere a los familiares de personas fallecidas a causa de actos cometidos por individuos indocumentados en Estados Unidos.
El caso Vásquez Perdomo v. Noem
La orden del juez de aprobar la petición de la ACLU surge del caso *Vasquez Perdomo contra Noem*, que ha suscitado gran interés y en el que se cuestiona la legalidad de las redadas migratorias de la administración Trump en el sur de California.
Desde que la administración inició sus redadas en Los Ángeles el año pasado, los agentes federales han realizado habitualmente arrestos sin orden judicial y sin realizar previamente la evaluación obligatoria del riesgo de fuga, según la ACLU.
Los demandantes alegan que, tras revisar 113 expedientes de arresto, se constató que casi el 80 % carecía de una evaluación del riesgo de fuga o se basaba en un lenguaje mayoritariamente estandarizado, lo que sugiere la ausencia de la necesaria determinación individualizada.
Esta decisión es independiente de otra demanda relacionada —presentada por demandantes que alegan discriminación racial y detenciones sin sospecha fundada de delito—, que será examinada por el juez Frimpong en una fecha posterior.
El juez ha desestimado el intento de la administración Trump de poner fin al litigio, en el que se sostiene que las redadas migratorias del DHS en la región no solo son ilegales, sino que están diseñadas deliberadamente para atacar a las comunidades latinas. Por ley federal, los agentes de inmigración están obligados a realizar un arresto amparado por una orden judicial o, a falta de dicha orden, a determinar que existe causa probable de deportación y riesgo de fuga antes de que se pueda obtener la orden.
Según la ACLU, las detenciones en el Distrito Central de California han continuado incluso después de que cesaron las redadas callejeras del verano pasado.
Residentes, trabajadores y grupos de defensa de derechos presentaron una demanda contra el DHS en julio de 2025, alegando prácticas inconstitucionales de detención por parte de agentes vinculadas a cuotas arbitrarias de aplicación de la ley. Inicialmente, el juez dictó una orden de restricción temporal que limitaba determinadas acciones de control. Sin embargo, en agosto de 2025, la Corte Suprema accedió a la solicitud del gobierno de suspender dicha orden mientras continúa el litigio, lo que permitió que prosiguieran las prácticas cuestionadas.
Los abogados de los demandantes presentaron recientemente ante el tribunal federal de Los Ángeles documentos que, al parecer, incluyen mensajes de texto y grabaciones de cámaras corporales; estos documentos revelan que los agentes utilizaban insultos racistas para identificar a las personas que pretendían arrestar. Grupos de defensa de los inmigrantes argumentaron que las pruebas demostraban que los agentes del DHS se centraban en “personas de apariencia latina y de bajos ingresos o de clase trabajadora”, según consta en un documento judicial.
“Hoy, la comunidad se siente más protegida gracias a la orden judicial que señala que las detenciones sin orden judicial por parte del DHS probablemente violan la ley federal. Esto les da un respiro para seguir con su vida cotidiana y mantener a sus familias, al tiempo que continúan demostrando una resiliencia increíble frente a los constantes ataques de la administración Trump. Sabemos que este es solo un paso en la búsqueda de justicia, pero hoy hemos logrado una victoria”, declaró Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), una de las partes demandantes.
La demanda fue presentada originalmente por cinco trabajadores latinos y tres organizaciones de membresía —CHIRLA, LAWCN y UFW—, así como por Immigrant Defenders Law Center (ImmDef), una organización proveedora de servicios legales.