Expertos también analizan que las repercusiones demográficas que pretende impulsar el presidente Donald Trump tendrían un efecto contrario al que busca.
PARTE II
Basados en métodos demográficos y económicos establecidos, el doctor Phil Connor, de Princeton University, Matthew Hall, Cornell University y Francesc Ortega, Notre Dame University, autores del estudio Multi-Trillion Dollar and Multi-Million Worker Contributions: An Economic Accounting of Birthright Citizenship (Contribuciones de billones de dólares y de millones de trabajadores: un balance económico de la ciudadanía por derecho de nacimiento”, estimaron que los beneficiarios de la ciudadanía por derecho de nacimiento habrán contribuido 7,7 billones de dólares a la economía estadounidense a través de sus ingresos entre 1975 y 2074.
Connor, catedrático en el Centro de Migración y Desarrollo de la Universidad de Princeton, dijo que esta cifra incluye una proyección de 1 billón de dólares proveniente de futuros niños aún no nacidos, cuya contribución económica correría el mayor riesgo bajo la implementación de la orden ejecutiva de la administración Trump.
“Este cálculo económico es conservador”, aclaró el doctor Connor.
Además, la fuerza laboral de los Estados Unidos se habrá beneficiado con 3,1 millones de trabajadores entre 1975 y 2074, de los cuales 2,1 millones se desempeñarán en ocupaciones que, por lo general, requieren cierto nivel de educación universitaria: un nivel de formación que habría sido altamente improbable para estos trabajadores de no contar con la ciudadanía estadounidense.
De hecho, en lo que respecta a los futuros niños aún no nacidos, los expertos estimaron una pérdida potencial de 400.000 trabajadores en ocupaciones que habitualmente exigen algún grado de educación universitaria.
Las estimaciones se fundamentan en tres grupos de individuos nacidos en el país: los hijos de padres que son ambos inmigrantes indocumentados o temporales, que suman un total de 3,9 millones de beneficiarios; adultos actuales en edad laboral; y niños actuales y futuros.
Las estimaciones se basan en datos extraídos de las encuestas del Censo de los Estados Unidos.
“Nuestras estimaciones pueden considerarse conservadoras, dado que solo toman en cuenta a los individuos nacidos en los Estados Unidos y residentes en el país a fecha de 2024, cuyos padres son ambos inmigrantes indocumentados o temporales.
El total de las contribuciones económicas estimadas varía según la región del país.
Dichas contribuciones resultan particularmente elevadas en el oeste de los Estados Unidos —liderado por California y Arizona— y en el sur, encabezado por Texas y Florida.
“No obstante, a medida que los patrones migratorios han evolucionado con el paso de los años, hemos podido observar que la distribución geográfica es ahora mucho más amplia: los beneficiarios —ciudadanos estadounidenses nacidos de padres inmigrantes, ya sean indocumentados o temporales— se encuentran dispersos por todo el territorio de los Estados Unidos”, dijo Connor.
El doctor Phil Connor, del Centro de Migración y Desarrollo en la Universidad de Princeton, y otros expertos estiman de manera conservadora que los beneficiarios de la ciudadanía por derecho de nacimiento habrán contribuido con 7,7 billones de dólares a la economía estadounidense a través de sus ingresos entre 1975 y 2074.
De acuerdo con el experto, aproximadamente dos tercios de los beneficiarios de la ciudadanía estadounidense – aquellas personas que, de hecho, ya forman parte de la fuerza laboral y que nacieron de padres que eran ambos migrantes indocumentados o temporales- se desempeñan en ocupaciones que suelen requerir algún nivel de estudios universitarios; esto incluye campos como la administración de oficinas, la gestión sanitaria y la educación.
“Estas son el tipo de ocupaciones típicas que uno asociaría con la necesidad de cierta formación universitaria”, indicó.
El tercio restante se encuentra en ocupaciones que tal vez no exijan ese nivel superior de educación; esto incluye —aunque no de manera exclusiva— sectores como el transporte, la construcción, la preparación y el servicio de alimentos y la agricultura.
Repercusión contraria a lo que se pretende
La doctora Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Política de Inmigración de los Estados Unidos en el Migration Policy Institute (Instituto de Política Migratoria), precisó que en el organismo han abordado la presunta eliminación del derecho a la ciudadanía estadounidense desde una perspectiva ligeramente distinta, analizando algunas de las repercusiones demográficas que tendría la supresión de la ciudadanía por derecho de nacimiento, tal como ha intentado llevar a cabo el presidente Trump.
En el estudio “Repealing Birthright Citizenship Would Significantly Increase the Size of the U.S. Unauthorized Population” (Derogar la ciudadanía por nacimiento aumentaría significativamente el tamaño de la población no autorizada en los Estados Unidos), la doctora Julia Gelatt. Michael Fix y Jennifer Van Hook, investigadora no residente del MPI, quien se desempeña en la Universidad Estatal de Pensilvania, partieron de la premisa de que el objetivo de la orden ejecutiva del presidente Trump era reducir la inmigración ilegal y, por consiguiente, disminuir el tamaño de la población de inmigrantes no autorizados.
“Sin embargo, descubrimos que, de hecho, dicha orden ejecutiva lograría precisamente lo contrario; dado que nacerían niños en los Estados Unidos sin estatus legal”, dijo. “Al no gozar de la ciudadanía por derecho de nacimiento, la población de inmigrantes no autorizados aumentaría en 2,7 millones de personas adicionales en los próximos 20 años y en 5,4 millones más a lo largo de 50 años, en comparación con el escenario que se daría si se mantuvieran las interpretaciones actuales de la 14.ª Enmienda”.
Dicha cifra refleja el cálculo del número de niños que nacerían en los Estados Unidos —hijos de inmigrantes no autorizados o de trabajadores temporales— sin ciudadanía ni estatus legal, y que pasarían toda su vida en este país.
Y, lo que es aún más importante, esta proyección abarca a los niños nacidos a lo largo de ese periodo de 50 años; incluye tanto a los hijos de los inmigrantes no autorizados presentes hoy en día, como a los nietos de estos, quienes podrían quedar excluidos de obtener un estatus legal.
Al analizar las cifras desde otra perspectiva, si no existiera una vía para que las personas nacidas aquí sin estatus legal pudieran regularizar su situación, se estima que, en promedio, unos 255.000 niños iniciarían cada año sus vidas en los Estados Unidos sin estatus legal.
Algunos podrían optar por abandonar el país. Otros tal vez logren obtener un estatus legal, pero, como mínimo, habrán tenido esa experiencia inicial de carecer de estatus jurídico.
“La realidad más amplia de esta situación es que la derogación de la ciudadanía por derecho de nacimiento crearía una clase social que se perpetuaría a sí misma, excluida de la plena integración social”, consideró la doctora Gellat.
Esta exclusión se extendería a lo largo de varias generaciones.
Los niños crecerían en los Estados Unidos sin acceso a Medicaid, a asistencia alimentaria ni a otros beneficios públicos; cuando atravesaran momentos de necesidad y adversidad, no contarían con esa red de seguridad gubernamental que los respaldara.
“Tendrían un acceso restringido a la educación superior”, subrayó.
Los inmigrantes indocumentados están excluidos de la ayuda financiera federal y, a menudo —en ciertos estados—, también de la ayuda financiera estatal; de hecho, estamos observando un movimiento normativo a nivel estatal en torno a este tema: en algunos estados, los hijos de inmigrantes indocumentados deben pagar las tarifas de matrícula para estudiantes de fuera del estado para poder asistir a la universidad.
Y, lo que es aún más importante, crecerían sabiendo que no tienen la posibilidad de trabajar legalmente.
En los Estados Unidos, esto conduciría a una disminución de las aspiraciones educativas, pues ¿qué sentido tiene esforzarse por obtener un título universitario o de posgrado si no se puede utilizar para ejercer una profesión?
“La derogación de la ciudadanía por derecho de nacimiento crearía una clase social que se perpetuaría a sí misma, excluida de la plena integración social”: Doctora Gellat, Julia Gelatt, directora asociada del Programa de Política de Inmigración de los Estados Unidos en el Migration Policy Institute.
El ejemplo de DACA
La doctora Gellat y los expertos han sido testigos del efecto contrario en los Estados Unidos gracias al programa DACA: a un grupo de jóvenes inmigrantes indocumentados se les concedió acceso a permisos de trabajo y protección contra la deportación. Todas las investigaciones realizadas al respecto han demostrado que esto propició un aumento en las tasas de graduación de la escuela secundaria, de inscripción universitaria y de finalización de estudios superiores, así como en el nivel de empleo y en el acceso a trabajos profesionales mejor remunerados.
“Por consiguiente, sabemos que contar con ese acceso a la autorización de trabajo —y con un sentido de pertenencia, por tenue que este sea— ayuda a las personas a aspirar a mayores logros, así como a alcanzar ingresos más elevados y una mayor estabilidad económica”, enfatizó la experta del MPI.
“Además, si no tuviéramos la ciudadanía por derecho de nacimiento, Estados Unidos estaría manteniendo a una población creciente que carece de voz en nuestro sistema político y que tiene un sentido incierto de pertenencia al país”, dijo.
En comparación con otras naciones del mundo, Estados Unidos ha mantenido un historial ejemplar en la integración de inmigrantes a lo largo de las generaciones, en el que los hijos de los inmigrantes superan con creces el éxito alcanzado por sus padres.
Por lo tanto, la derogación de la ciudadanía por derecho de nacimiento amenaza con perjudicar gravemente y poner en riesgo ese historial construido.
Los niños apátridas y el caso Plyler v. Doe
Otro de los temas que abordó la doctora Gellat en torno a la derogación de la ciudadanía por derecho de nacimiento es la cuestión de la apatridia.
De acuerdo con la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), un apátrida es una persona que no es reconocida como nacional (ciudadano) por ningún Estado conforme a su legislación. Son personas que carecen de nacionalidad, lo que a menudo les impide acceder a derechos fundamentales como la educación, la salud, el empleo, el matrimonio o el libre tránsito.
“Este es un concepto importante”, manifestó. “Muchos países permiten que los hijos de sus nacionales nacidos en el extranjero obtengan la ciudadanía de sus padres por filiación. Por lo tanto, es posible que, en un escenario de derogación de la ciudadanía por derecho de nacimiento, muchos niños que residen en Estados Unidos puedan poseer la ciudadanía extranjera de sus padres”.
Sin embargo, los requisitos, los procesos y la carga administrativa que conlleva la obtención de dicha ciudadanía varían según el país de origen de los padres; esto podría hacer que el acceso a dicha ciudadanía resulte más sencillo para algunos niños que para otros, aunque, independientemente de ello, contar con esa ciudadanía mientras se reside en Estados Unidos no resulta de gran ayuda práctica.
Otro caso histórico es *Plyler v. Doe* un caso de la Corte Suprema que protege el acceso a la educación pública y que estableció en 1982 que negar a los niños indocumentados el acceso a la educación pública gratuita (desde el jardín de infancia hasta el 12.º grado) viola la Cláusula de Igual Protección de la Constitución.
“En muchos aspectos, el tema guarda relación con la ciudadanía por derecho de nacimiento. Sin la ciudadanía por derecho de nacimiento, tendríamos en Estados Unidos un grupo mucho más numeroso de niños que —si, además, se derogara la sentencia del caso *Plyler contra Doe*— podrían quedar excluidos del sistema de educación pública”, advirtió la doctora Gellat.
El caso judicial resuelto en 1982 se refirió a un distrito escolar de Texas que cobraba una cuota de inscripción a los niños inmigrantes indocumentados, lo que afectaba específicamente a un grupo de niños de origen mexicano.
Millones de familias peligran si Estados Unidos niega el derecho a la ciudadanía a quienes nacen de padres inmigrantes y si se deroga la Enmienda 14.
Los niños inmigrantes indocumentados interpusieron una demanda y plantearon cuestiones relacionadas con la 14.ª Enmienda y la Cláusula de Igual Protección, así como la interrogante de si todos los niños que residen en Estados Unidos tienen derecho a un acceso equitativo al sistema de educación pública.
El gobierno federal intervino en el caso mediante la presentación de un *amicus curiae* —un escrito de “amigo de la corte”—, argumentando, fundamentalmente, que el gobierno federal debe conservar el control sobre los asuntos migratorios, dado que la facultad de regular la inmigración constituye una competencia federal y no estatal.
El tribunal dictaminó —en una decisión muy ajustada de cinco votos contra cuatro— que el distrito escolar tenía la obligación de permitir la matriculación de esos niños, independientemente de su estatus migratorio.
La lucha en el estado de Tennessee
Actualmente, el Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC) y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) se preparan para defender el derecho a la educación en el estado de Tennessee, donde los legisladores están considerando una legislación (HB 793/SB 836) que permitiría a las escuelas públicas denegar la inscripción a niños indocumentados y exigir el seguimiento del estatus migratorio de los estudiantes.
La medida desafía directamente el fallo de la Corte Suprema de 1982 en el caso *Plyler v. Doe*.
Entre otras, la medida legislativa propuesta autorizaría a las agencias educativas locales (LEA, por sus siglas en inglés) a rechazar la inscripción de estudiantes que no estén legalmente presentes en los Estados Unidos.
Además, se podría exigir a las escuelas que recopilen e informen sobre el estatus migratorio de los estudiantes, lo que suscita temores de que ello genere una “cultura de pánico” y una disminución de la asistencia escolar.
La legislación enfrenta importantes obstáculos legales, dado que el fallo *Plyler v. Doe* confirmó que los estados no pueden negar la educación pública gratuita a los niños por su estatus migratorio.
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