Un año de cárcel para Jorge Vásquez, de 65 años y residente de Santa María; cobraba entre $8.000 y $15.000 a trabajadores extranjeros por tramitarles visas H-2A.
LOS ÁNGELES – Un hombre del condado de Santa Bárbara fue condenado el 31 de agosto a 12 meses y un día de prisión federal por cobrar ilegalmente decenas de miles de dólares en honorarios a ciudadanos mexicanos a cambio de visas que les permitían trabajar como jornaleros agrícolas en los Estados Unidos, para luego pagarles una tarifa reducida por su trabajo.
Trabajadores agrícolas que trabajaban con una visa H-2A, pero que eran explotados en campos de Santa María, California, fueron arrestados por agentes del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. (Foto: HSTF).
Jorge Vásquez, de 65 años y residente de Santa María, fue sentenciado por el juez federal de distrito John F. Walter, quien también le ordenó pagar 165.157 dólares en concepto de restitución.
Vásquez se declaró culpable el 24 de junio de un cargo por conspiración para cometer fraude postal.
El programa de visas H-2A permite a los empleadores agrícolas con sede en Estados Unidos contratar trabajadores extranjeros temporales cuando no pueden encontrar suficiente mano de obra nacional. Los contratistas laborales que reclutan a estos trabajadores son responsables de su reclutamiento, transporte y alojamiento, y tienen prohibido cobrarles a los trabajadores por las aprobaciones gubernamentales, el equipo requerido, el transporte o el alojamiento.
Trabajadores agrícolas que trabajaban con una visa H-2A, pero que eran explotados en campos de Santa María, California, fueron arrestados por agentes del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. (Foto: HSTF).
Según su acuerdo de culpabilidad, Vásquez reclutó a trabajadores extranjeros con visas H-2A para trabajar en dos entidades que él controlaba: Cuyama Valley Farms LLC y JJB Farm LLC.
A pesar de tener prohibido cobrar honorarios a estos trabajadores, Vásquez cobró a los jornaleros agrícolas entre 8.000 y 15.000 dólares por sus visas H-2A. En total, Vásquez y sus cómplices reclutaron fraudulentamente a 162 trabajadores extranjeros para obtener visas H-2A.
Posteriormente, Vasquez y sus cómplices enviaron por correo las solicitudes de visas H-2A al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS). Como parte de dichas solicitudes, Vasquez declaró falsamente, entre otras cosas, que no buscaban ni recibían —ni buscarían ni recibirían— pagos de los posibles trabajadores H-2A por concepto de tasas de visado o gastos de manutención.
Asimismo, declararon que a los trabajadores H-2A se les pagaría una tarifa horaria específica: 19,50 dólares para los trabajadores de JJB y 19,97 dólares para los de Cuyama.
Con base en estas declaraciones, el USCIS otorgó visas H-2A a los trabajadores de las empresas de Vasquez. Dichas declaraciones sustanciales eran falsas, ya que Vasquez cobró a los trabajadores H-2A miles de dólares por las visas y les pagó una tarifa salarial reducida.
Por ejemplo, en mayo de 2025, Vasquez cobró a un trabajador 8.500 dólares a cambio de una visa H-2A para trabajar en JJB Farm.
Trabajadores agrícolas que trabajaban con una visa H-2A, pero que eran explotados en campos de Santa María, California, fueron arrestados por agentes del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional. (Foto: HSTF).
Ese mismo mes, cobró a otro trabajador 7.500 dólares a cambio de una visa H-2A para trabajar en JJB Farm.
En julio de 2025, Vasquez cobró a otro trabajador 5.000 dólares a cambio de una visa H-2A para trabajar en JJB Farm.
Además, Vasquez pagaba a los trabajadores H-2A de JJB 16,50 dólares por hora, aproximadamente 3,25 dólares por hora menos que lo declarado ante el gobierno.
Agentes del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional desmantelaron una red corrupta de contratación de trabajadores agrícolas. (Foto: HSTF).
Vasquez también amenazó con informar a las autoridades de inmigración si los reclutados no cumplían con el esquema de “pagar por trabajar” o si su productividad caía por debajo de un nivel aceptable; asimismo, empleó tácticas de intimidación, amenazando a las familias de los trabajadores si estos se quejaban o hablaban con los inspectores del gobierno de Estados Unidos sobre el trato que recibían.
En noviembre de 2025, agentes del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés)—una iniciativa federal permanente e interinstitucional de las fuerzas del orden, establecida para combatir a organizaciones criminales transnacionales, cárteles de la droga y pandillas extranjeras— realizaron un operativo y arrestaron a numerosos trabajadores agrícolas.